La administración de Donald Trump continúa tomando medidas que priorizan los combustibles fósiles, con la reciente implementación de un mecanismo que simplifica el proceso de aprobación para proyectos de infraestructura relacionados con energía. Amparado en un decreto ejecutivo firmado por el expresidente el 19 de febrero de 2025, se declaró una "emergencia energética" en los Estados Unidos. Según Trump, esta determinación busca "liberar" el desarrollo energético, incluso cuando el país ya ostenta niveles históricos de extracción de petróleo y gas.
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El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos introdujo una nueva categoría de permisos de "emergencia" para facilitar la aprobación de 688 solicitudes de proyectos, particularmente más de 100 vinculadas a oleoductos y plantas de generación basada en gas natural. Esta estrategia permite sortear procedimientos legales establecidos, como revisiones ambientales y períodos de comentarios públicos, estipulados por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés).
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Entre los proyectos priorizados se incluyen los oleoductos en humedales cruciales de Louisiana y Texas, así como el polémico proyecto Enbridge Line 5, que atraviesa los estados de Wisconsin y Michigan. Este último ha sido centro de críticas por sus posibles impactos negativos en el suministro de agua dulce y en las localidades circundantes. Por otro lado, los permisos de emergencia también contemplan iniciativas no relacionadas con la energía, como una mina de oro en un bosque nacional de Idaho y un plan de desarrollo residencial de Chevron en un antiguo campo de extracción petrolera.
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Diversos sectores han manifestado inquietudes significativas respecto al enfoque adoptado por la administración Trump. Entre ellos, Matt Rota, representante de Healthy Gulf, expresó que esta acción busca "minimizar controles ambientales mientras incrementa riesgos para los humedales y comunidades". Cabe destacar que cada acre de humedal puede absorber hasta un millón de galones de agua, desempeñando un papel crítico en la mitigación del cambio climático y en la protección contra tormentas.
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Asimismo, David Bookbinder, del Environmental Integrity Project, subrayó que la proclamación de "emergencia energética" utilizada para justificar estas medidas no refleja la realidad energética del país. Según Bookbinder, aunque la intención aparente sea fomentar el desarrollo energético, las acciones ponen en riesgo recursos naturales y podrían tener efectos irreversibles en los ecosistemas.
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La administración también enfrenta cuestionamientos legales sobre la validez de saltarse regulaciones establecidas bajo la NEPA, que históricamente solo puede ser obviada en situaciones de emergencia genuina. Más allá de las cuestiones legales, la falta de evaluaciones de impacto a largo plazo ha alimentado temores entre ambientalistas y comunidades potencialmente afectadas.
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Otros proyectos dentro de esta política, aun siendo menores en número, reflejan la amplitud de los sectores involucrados en esta urgencia: sectores mineros y de desarrollo urbano se beneficia de un proceso favorable para sus intereses comerciales. Ello ha exponenciado la controversia asociada a esta medida gubernamental no solo entre ambientalistas, sino también en el ámbito de los reguladores federales.