La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dado un paso trascendental en la búsqueda de justicia por los falsos positivos al acusar formalmente a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales del Ejército por crímenes de guerra y lesa humanidad. Los hechos se enmarcan entre 2004 y 2007, periodo en el que fue documentado un macabro total de 434 casos en Antioquia, donde civiles fueron asesinados y presentados de manera fraudulenta como guerrilleros caídos en combate.
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Los generales imputados son Óscar Enrique González, Luis Roberto Pico, Jorge Ernesto Rodríguez y Juan Carlos Piza, quienes ostentaron el mando sucesivo de la Cuarta Brigada durante los años de los crímenes. Este cuerpo militar operaba bajo la dirección del general Mario Montoya, gestor de una política conocida como "conteo de cuerpos", que priorizaba el reporte de bajas enemigas como señal de cumplimiento de objetivos militares. Este marco impulsó una brutal competición entre los batallones, derivando en asesinatos de civiles inocentes bajo cuatro modalidades identificadas:
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1. Ejecución sumaria de civiles acusados arbitrariamente de ser milicianos.
2. Engaños a civiles mediante la promesa de empleo para llevarlos al lugar de su asesinato.
3. Asesinatos de combatientes rendidos o heridos.
4. Ejecuciones oportunistas durante operaciones militares en zonas rurales.

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Entre 2002 y 2008, el 78% de los falsos positivos registrados en Colombia, un total de al menos 6,402 víctimas, corresponden a este período sistemático, según cifras oficiales de la JEP. La situación en Antioquia, bajo el mando operativo de la Cuarta Brigada, refleja un microcosmos de esta tragedia nacional, que afectó de manera particular a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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El tribunal ha señalado que cada uno de los 434 asesinatos en Antioquia cuenta con una exhaustiva documentación que incluye nombres, apellidos, fechas y lugares específicos en los que ocurrieron los hechos. La imputación para los altos mandos es una culminación de años de investigación y apunta a establecer no solo responsabilidades directas, sino también los mecanismos estructurales que facilitaron esta práctica sistemática en varios puntos del territorio nacional colombiano.

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Las implicaciones legales para los imputados son contundentes: deberán decidir en un plazo de 30 días si aceptan su responsabilidad en los crímenes, siendo que la JEP ofrece penas alternativas a la prisión, como confesiones y contribuciones efectivas a la reparación de las víctimas, a cambio de verdad y justicia. Esta estrategia busca garantizar que los responsables sean pieza clave para reconstruir la historia oculta detrás de estas graves violaciones de derechos humanos.

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El sistema de "conteo de cuerpos", además de ser un punto crítico de investigación judicial, es un ejemplo de cómo las prioridades militares pueden empujar a un ejército a cruzar fronteras legales y éticas. De acuerdo con la JEP, el incentivo para mostrar resultados generó un patrón macrocriminal donde cientos de ciudadanos fueron asesinados y sus casos manipulados para aparentar éxitos operativos.
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En palabras de la JEP, esta imputación no solo busca justicia, sino evitar que horrores similares vuelvan a repetirse en Colombia. Este caso emblemático, además de establecer precedentes, también apunta a abrir más debates sobre la responsabilidad penal de los altos mandos en estructuras criminales de base institucional.