La frontera entre Perú y Colombia, ubicada alrededor de la región de Puerto Leguízamo, se ha convertido en un epicentro de actividades ilícitas lideradas por el grupo armado conocido como Comandos de la Frontera. Este grupo, con más de 600 hombres armados, ha establecido alianzas con narcotraficantes peruanos, el Comando Vermelho de Brasil y bandas ecuatorianas, fortaleciendo su influencia en el comercio de hoja de coca y otras actividades ilegales.
‍

En la región peruana de Puerto Lupita, situada en el departamento de Loreto, se registran 1.891 hectáreas de cultivos de coca, equivalentes al 2% de las hectáreas totales en el país. Este enclave es punto estratégico para el narcotráfico y ha sido escenario de enfrentamientos violentos, como el ocurrido en 2019 cuando murieron seis personas en choques entre los Comandos y narcotraficantes locales.
‍

A solo cinco minutos en lancha del lado colombiano, en un área llamada La Lupita, los Comandos de la Frontera han impuesto un control social riguroso. En Puerto Leguízamo, los habitantes viven bajo normativas estrictas impartidas por este grupo, que incluye restricciones de navegación en el río después de las seis de la tarde y sanciones severas contra quienes no cumplan estas reglas. También han prohibido a los mototaxistas transportar pasajeros, dictando severos castigos en casos de incumplimiento. Las reuniones nocturnas de las comunidades indígenas también han sido limitadas.

‍
Alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, fue capturado recientemente, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes. En paralelo, el gobierno colombiano anunció un plan piloto de sustitución de cultivos de coca en áreas controladas por este grupo. Sin embargo, Armando Novoa, jefe negociador gubernamental, advirtió que no ha habido conversaciones concretas sobre el compromiso del grupo con un proceso de paz.

‍
La inseguridad y la violencia han obligado al desplazamiento de al menos 18 personas de Puerto Leguízamo en lo que va del año 2025. A pesar de la presencia militar, comunidades enteras viven con miedo bajo el dominio de los Comandos, quienes no solo regulan actividades diarias, sino que también obligan a los campesinos a cultivar coca y controlan la dinámica económica y social de la región.

‍
El vicealmirante Javier Alfonso Jaimes, quien observa de cerca esta realidad desde la base de la Fuerza Naval de la Amazonía, admitió las restricciones legales y operacionales que enfrentan las fuerzas armadas. Además, ha salido a la luz información acerca de sobornos ofrecidos por los comandos para evitar conflictos con las fuerzas militares, exacerbando la situación de impunidad en la zona.

‍
La influencia de los Comandos de la Frontera refleja no solo el alcance del narcotráfico en esta región, sino también la falta de respuesta efectiva para contenerlo. La comunidad permanece en un estado de vulnerabilidad constante, mientras que las autoridades enfrentan barreras legales y corrupción que dificultan cualquier acción decisiva para restablecer la paz en estos territorios.