El pasado 18 de febrero de 2025, el Juzgado 11 Penal de Barranquilla emitió una orden de captura contra Gonzalo Guillén, periodista y figura destacada en el ámbito informativo colombiano, así como contra Roberto Rodríguez Saavedra, representante legal del medio digital La Nueva Prensa. Ambos fueron señalados por desacatar una orden judicial que les exigía corregir información publicada sobre el empresario Carlos Mattos.
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Esta medida responde a las publicaciones en las que Guillén y Rodríguez calificaron a Mattos como "asesino" y "paramilitar", términos que el juzgado consideró infundados. Como resultado de esta violación a los mandatos judiciales, se dictó su arresto por tres días, junto con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, penalización que busca resarcir parcialmente el incumplimiento de la orden emitida previamente.
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El caso de Carlos Mattos ha estado rodeado de controversia en los últimos años. El empresario fue condenado en un sonado caso de corrupción tras ser hallado culpable de pagar sobornos a jueces en relación con el litigio por la distribución de la marca Hyundai en Colombia. Sin embargo, en cuanto a las acusaciones relacionadas con supuestos vínculos con grupos paramilitares, el Juzgado especializado de Valledupar archivó el caso en enero de 2024 al determinar que los testimonios en su contra se fundamentaban en declaraciones fraudulentas.
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La orden de captura contra Guillén y Rodríguez fue remitida a la Policía de Bogotá, donde reside Guillén, para su ejecución. Este nuevo episodio no es aislado en el historial jurídico del periodista: en septiembre de 2020, Guillén había enfrentado una situación similar, cuando un juez de Bogotá también ordenó su detención por tres días por no rectificar afirmaciones sobre Carlos Barros, a quien acusó de ser testaferro de un narcotraficante.
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Cabe destacar que esta orden representa un delicado precedente en lo que respecta a las relaciones entre la prensa y la justicia, enfrentando la libertad de expresión contra las regulaciones legales que facultan a las autoridades a exigir correcciones cuando consideran excesos en los conceptos emitidos públicamente.
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El caso pone nuevamente en el foco los límites éticos y legales de las publicaciones periodísticas, especialmente cuando se hacen afirmaciones que no cuentan con el respaldo de evidencia suficiente. Los periodistas y medios implicados enfrentan ahora las consecuencias legales de no atender las resoluciones del sistema judicial colombiano. Carlos Mattos, conocido por su protagonismo en el caso Hyundai, además de enfrentar condenas por corrupción, estuvo vinculado a una investigación de supuestos nexos paramilitares, la cual fue archivada en enero de 2024 al demostrarse que los testimonios en su contra eran falsos.