La legislatura de El Salvador tomó una decisión histórica el 23 de diciembre de 2024 al revocar una prohibición de siete años sobre la minería de metales. Esta medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, tiene como objetivo principal estimular el crecimiento económico del país centroamericano. En 2017, El Salvador fue el primer país en el mundo en prohibir todas las formas de minería de metales debido a preocupaciones ambientales y de salud.
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La propuesta de derogación fue apoyada de manera unánime por los 57 legisladores aliados de Bukele en una legislatura compuesta por 60 miembros. La nueva legislación otorga al gobierno salvadoreño la autoridad exclusiva sobre todas las actividades mineras en el territorio terrestre y marítimo del país. La legisladora Elisa Rosales, integrante del partido oficialista Nuevas Ideas, sostuvo que la ley está diseñada para priorizar el bienestar de la población salvadoreña en todas las decisiones relacionadas con la minería.

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Como parte de las nuevas regulaciones, se ha prohibido el uso de mercurio en los procesos mineros, y algunas áreas del país se declararán reservas naturales protegidas para garantizar que ciertas regiones, consideradas incompatibles con la minería de metales, se conserven. Además, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de El Salvador crecerá un 3% en 2025, aunque la nación enfrenta una carga de deuda significativa que alcanzó aproximadamente el 85% del PIB a principios de ese año.

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El presidente Bukele, conocido por su popularidad entre los votantes tras una severa represión contra las pandillas, ha subrayado el potencial económico de la minería. Según un estudio, en solo el 4% del territorio salvadoreño identificaron depósitos de oro valorados en aproximadamente 132 mil millones de dólares, lo que equivale a cerca del 380% del PIB del país. Esto se traduce en una oportunidad considerable para el crecimiento económico de El Salvador, que tiene una población de aproximadamente 6 millones de personas.

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Pese a la derogación, la medida ha generado protestas. Decenas de personas se manifestaron cerca del Congreso, expresando su preocupación de que los futuros proyectos mineros podrían perjudicar a las comunidades locales y al ecosistema. El ambientalista Luis González argumentó que la minería no es viable para El Salvador, citando los riesgos inaceptables de contaminación del agua, el suelo y la biodiversidad que la actividad minera podría acarrear.