Desde que los talibanes retomaron el poder en Afganistán en agosto de 2021, las leyes impuestas han eliminado por completo el acceso a la educación secundaria para niñas mayores de 12 años. Este es el tercer año consecutivo en el que millones de adolescentes enfrentan la privación de su derecho a la educación, según datos de UNICEF, que estima que 2,2 millones de niñas están fuera del sistema educativo, a las que se sumaron 400.000 más en el último año.

La situación no solo restringe la educación secundaria: en diciembre de 2022, las mujeres fueron vetadas de asistir a la universidad, y, a partir de diciembre de 2024, también quedarán excluidas de la formación en profesiones sanitarias. Esta realidad convierte a Afganistán en el único país del mundo donde las mujeres pierden acceso a la educación tras completar la educación primaria. Tales medidas, consideradas como un "apartheid de género" por Naciones Unidas, limitan profundamente su futuro personal y profesional.

Las limitadas opciones para combatir estas restricciones han llevado al surgimiento de escuelas clandestinas. Estas instituciones secretas, gestionadas principalmente por mujeres que asumen graves riesgos, son un refugio para aquellas estudiantes que buscan continuar con su formación. Zahra, una joven de 15 años, ha compartido cómo debe ocultar sus libros en bolsas de compra y variar sus rutas hacia las clases para evitar ser detectada por los talibanes. La clandestinidad es clave, ya que los registros y detenciones son una amenaza constante.

Beheshta, directora de una de estas escuelas, relata las complejidades de su labor: aunque en el pasado llegó a tener hasta 180 alumnas, ha debido cambiar de ubicación seis veces para evitar represalias. En sus clases enseña materias como física, química y matemáticas, pese a las limitaciones de recursos y la ausencia de remuneración. Por su parte, Darya, otra docente comprometida, prefiere organizar las lecciones en grupos reducidos y en horarios variables para minimizar los riesgos.

El acceso a internet, una herramienta potencial para la educación a distancia, está también fuertemente limitado. Solo el 18% de la población afgana tiene acceso a una conexión, lo que la convierte en una posibilidad casi exclusiva para las élites y una pequeña porción de la clase media, profundizando aún más la brecha educativa.

Las condiciones para estas educadoras son precarias y peligrosas. Una exestudiante de Derecho, ahora profesora clandestina, fue golpeada y amenazada por los talibanes tras descubrirse que dirigía un aula improvisada. Muchas de estas mujeres enseñan en sus propios hogares con materiales básicos y a menudo sin ninguna compensación económica, enfrentando un hostil panorama político y social.

La respuesta de la comunidad internacional ha sido, hasta ahora, muy limitada. Mientras organismos internacionales continúan etiquetando estas prohibiciones como violaciones graves a los derechos humanos, su capacidad de influencia ha sido reducida por la inseguridad y la falta de acceso al país. Las restricciones implementadas por el régimen talibán se mantienen firmes, afectando de manera desproporcionada a las mujeres y niñas afganas, quienes ven en la clandestinidad su única esperanza de aprendizaje.

Actualmente, Afganistán vive una de las crisis educativas y de derechos humanos más severas del mundo. Las mujeres y niñas enfrentan no solo desafíos educativos, sino una lucha constante por su dignidad y autonomía en un entorno que restringe tanto su presente como sus posibilidades futuras.

Afganistán es el único país en el mundo que prohíbe sistemáticamente la educación secundaria y universitaria a sus mujeres, una medida sin precedentes que ha generado condena internacional pero pocos cambios en el terreno.