La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a tres exfuncionarios y contratistas implicados en presuntas irregularidades relacionadas con el proyecto de construcción de la represa Hidroituango, en Antioquia. Jorge Ignacio Castaño Giraldo, quien fue exdirector ambiental, social y de sostenibilidad de Empresas Públicas de Medellín (EPM); Santiago García Cadavid, representante legal del consorcio constructor CCC Ituango; y Álvaro Aravi Castro Vásquez, representante legal y gerente de interventoría del proyecto, fueron señalados como presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales y peculado por apropiación.

De acuerdo con la Fiscalía, los acusados habrían incurrido en dichas irregularidades al implementar el Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) y la Galería Auxiliar de Desviación (GAD), estructuras utilizadas para modificar el curso del río Cauca sin contar con el adecuado licenciamiento ambiental. Las investigaciones establecieron que estas obras, realizadas mediante actas de modificación bilateral a los contratos principales y de interventoría, no solo alteraron la dinámica natural del río, sino que también generaron un presunto detrimento patrimonial de $339.107 millones en recursos públicos.

Durante el proceso, se encontró que las modificaciones para la ejecución de dichas obras se llevaron a cabo sin cumplir con las normas ambientales ya establecidas. Según la imputación, no se obtuvo una modificación de la licencia ambiental ni se llevaron a cabo los estudios de impacto requeridos. Además, se concretaron los cambios sin el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en cuanto a medidas de compensación, mitigación, control y seguimiento ambiental. Estas irregularidades habrían ocasionado serias afectaciones al ecosistema, incluyendo daños irreparables a los recursos hídricos, suelo, fauna y flora de la región.

Por otro lado, el funcionamiento no previsto en el diseño original de las obras habría causado desplazamientos económicos y alimentarios para comunidades ribereñas del río Cauca, especialmente pescadores, agricultores y mineros artesanales. Este panorama se tradujo en impactos significativos en la subsistencia de miles de personas, según señaló la entidad investigadora.

Los imputados no aceptaron los cargos ante el Grupo de Trabajo de Hidroituango, adscrito a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, lo que mantendrá el curso del debate judicial en torno a este caso.

Este proceso también toma relevancia política, pues durante el desarrollo del proyecto Hidroituango (incluida la emergencia de 2018), Federico Gutiérrez fungía como alcalde de Medellín y supervisaba las acciones de EPM, lo cual ha generado críticas sobre su gestión. Aunque no enfrenta cargos relacionados con los delitos imputados, Gutiérrez es objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría, con cuestionamientos por su rol en la eventual omisión o manejo deficiente en la crisis del proyecto. El actual mandatario ha declarado haber sido exonerado por la Contraloría, pero las discusiones políticas y legales entre él y otras figuras públicas, como el exalcalde Daniel Quintero, mantienen viva la controversia.

El proyecto Hidroituango, considerado uno de los más ambiciosos en infraestructura energética en Colombia, fue diseñado para generar cerca del 17% de la energía del país. Sin embargo, ha enfrentado múltiples escándalos por su impacto ambiental y sobrecostos.