La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia anunció la prórroga por un año de la intervención de la EPS Sanitas, medida originalmente impuesta el 2 de abril de 2024 debido a incumplimientos normativos relacionados con aspectos financieros y de prestación de servicios. Esta EPS, la segunda más grande del país, cuenta con 5,7 millones de afiliados.

La intervención tuvo lugar durante un clima de debate intenso en torno a la reforma del sistema de salud promovida por el presidente Gustavo Petro. Esta reforma fue rechazada por el Congreso un día después de que se anunciara la medida contra la EPS. En su momento, el presidente justificó la intervención señalando que el sistema había desviado decenas de billones de pesos de recursos públicos que no fueron utilizados de manera adecuada.

La decisión de intervención no fue para liquidar la EPS, sino para administrarla. Como parte de este proceso, se sustituyó a la gerencia y junta directiva, y se designó a un interventor por parte de la Superintendencia. Según Luis Carlos Leal, quien era superintendente en el momento inicial de la intervención, las funciones de Sanitas seguirían operando con normalidad y los afiliados no enfrentarían trámites adicionales.

Pese a la intervención, un informe publicado en marzo de 2025 por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló que Sanitas se mantiene como la segunda EPS con mayores deudas a instituciones de salud. La organización adeuda más de 523.000 millones de pesos en pagos atrasados (equivalentes a unos 120 millones de dólares) y acumula una deuda total de 1,3 billones de pesos (aproximadamente 330 millones de dólares). Por su parte, Nueva EPS lidera la lista con una mora cercana a los tres billones de pesos (730 millones de dólares) y una deuda total superior a cinco billones de pesos (1.200 millones de dólares).

Además de los problemas financieros, algunos usuarios de Sanitas han reportado dificultades en la obtención de medicamentos. Esta situación coincide con la reactivación del debate sobre la reforma a la salud, que sigue siendo un tema prioritario en la agenda política colombiana. Tras el rechazo de la propuesta original en abril de 2024, el gobierno presentó una nueva iniciativa en septiembre del mismo año. Este segundo proyecto fue aprobado en marzo de 2025 por la Cámara de Representantes, aunque aún debe pasar por la Comisión Séptima del Senado.

Paralelamente, en enero de 2025, las empresas Centauro Capital y Natanor XXI, propietarias de Keralty, el grupo español dueño de Sanitas, presentaron una reclamación ante un tribunal en Washington. Alegan que la intervención en Sanitas constituye una "expropiación indirecta" y exigen una indemnización de 1.200 millones de dólares. En tanto, Keralty continúa operando en Colombia mediante sus clínicas privadas y sistemas de seguros alternativos.

A medida que la prórroga de la intervención se extiende, las autoridades y actores involucrados enfrentan un escenario complejo al abordar los retos financieros y la reforma estructural del sistema de salud en el país. Sanitas forma parte de Keralty, un grupo español que, además de su operación en EPS, cuenta con clínicas propias en Colombia y un sistema de seguro de salud privado paralelo al sistema nacional.