En marzo de 2025, Buenaventura, una de las ciudades más importantes de la costa del Pacífico colombiano, experimentó un alarmante repunte de la violencia, con más de 20 homicidios registrados solo en ese mes. Este nivel de criminalidad no se veía en los últimos dos años. Durante el primer trimestre del año, los asesinatos han ascendido a al menos 50, una situación que pone en evidencia el deterioro de la seguridad en la región.

El recrudecimiento de la violencia coincide con la ruptura de un pacto de no agresión que había estado vigente durante 19 meses entre las bandas criminales conocidas como Shottas y Espartanos. El acuerdo había contribuido a reducir significativamente los índices de violencia, al punto de que Buenaventura salió de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina. Tras el colapso del pacto, las disputas territoriales y el control de las rentas ilegales han impulsado una nueva ola de criminalidad.

Uno de los casos que más ha conmocionado a la comunidad fue el asesinato el 30 de marzo de Vladimir Bravo Núñez, un futbolista de 24 años conocido como "Vlacho". Este crimen, ocurrido en un contexto de creciente inseguridad, desató las protestas de los ciudadanos, quienes utilizan el hashtag #SOSBuenaventura en redes sociales para exigir la intervención de las autoridades.

En respuesta al aumento de la violencia, la banda Shottas propuso un cese al fuego unilateral, que fue aceptado por el gobierno. Sin embargo, las tensiones continúan, y muchos habitantes denuncian que los grupos armados imponen toques de queda forzados, bajo amenazas de muerte contra quien no los cumpla. Durante el fin de semana previo al 31 de marzo, se reportaron cinco asesinatos adicionales, lo que obligó a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, a convocar un consejo de seguridad para abordar la emergencia.

La situación también ha provocado efectos devastadores en la vida cotidiana. Muchas actividades económicas, como la pesca, han sido suspendidas, y más de 200 pequeños negocios han cerrado sus puertas debido a las amenazas y el clima de inseguridad. Los habitantes viven en constante temor, con reportes de confinamiento y restricciones impuestas por las bandas criminales.

Fabio Cardozo, jefe de la delegación gubernamental para el diálogo urbano, destacó que la presión ejercida por los grupos armados ha afectado gravemente el tejido social y llamó a promover una nueva ronda de diálogo con las bandas para intentar frenar los enfrentamientos y restaurar la paz en la región. Mientras tanto, la comunidad sigue exigiendo soluciones inmediatas y contundentes por parte del gobierno nacional para recuperar el control del territorio y garantizar la seguridad de la población.

El pacto de no agresión entre las bandas Shottas y Espartanos permitió a Buenaventura salir de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina, pero su ruptura en 2025 provocó un retorno significativamente rápido de los niveles de violencia.