La situación en el Catatumbo, una región históricamente azotada por la violencia, ha escalado a niveles sin precedentes debido a un conflicto abierto entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como a un tenso intercambio entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y líderes guerrilleros. Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), desde el 16 de enero de 2025, más de 61.397 personas han sido desplazadas, lo que representa el mayor evento de desplazamiento masivo en Colombia desde 1997. Este escenario también ha dejado 98 muertos, entre ellos seis firmantes de paz, cuatro menores de edad y siete miembros de las Fuerzas Militares, además de 16.651 personas confinadas.

El enfrentamiento dialéctico entre el presidente Petro y el ELN ha marcado una nueva dimensión en este prolongado conflicto. En un pronunciamiento realizado a través de su cuenta oficial en X, Petro acusó a la guerrilla de priorizar la codicia sobre la paz y de asesinar al pueblo en el Catatumbo. "El tiempo que ustedes dejan pasar ya no les traerá oportunidades de revolución; caerán cada vez más en el fango de la codicia", señaló.

Dichas declaraciones fueron una respuesta a dos comandantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN, identificados como ‘Ricardo’ y ‘Silvana Guerrero’. En una entrevista para un medio nacional, aseguraron que no firmarían la paz con el actual gobierno y calificaron la política de “paz total” como un “fracaso total”. Según los mismos comandantes, la región vive bajo una “guerra total”, mientras que el ELN acusó implícitamente al presidente Petro de incumplir compromisos que ellos consideraron al momento de respaldar su elección.

Además de los intercambios verbales, la guerrilla del ELN ha consolidado su poder territorial durante esta crisis, recuperando el control del 90% del territorio que estaba en disputa con el Frente 33 de las disidencias de las FARC. Organizaciones como Indepaz y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) han alertado sobre la ineficacia de las acciones del Gobierno en responder a esta emergencia humanitaria. En estos dos meses de crisis, la fuerza pública ha desplegado más de 10.000 efectivos en la zona con el propósito de recuperar el control de las principales vías, estabilizar los cascos urbanos y desmantelar redes ligadas al narcotráfico.

El conflicto no solo ha dejado huella en la fuerza militar sino también en la población civil, quienes han sido blanco directo de la violencia. El ELN ha defendido sus acciones bajo la acusación de supuesta colaboración de los habitantes con las disidencias, afectando aún más el tejido social de una región ya golpeada.

Desde el punto de vista estratégico, las disidencias del Frente 33 han mostrado un proceso de reagrupamiento, recibiendo apoyo logístico y militar de otras facciones disidentes como el Bloque Jorge Suárez Briceño. De igual manera, las Fuerzas Armadas intentaron facilitar su rendición y plantearon la posibilidad de concentrar alrededor de 400 de sus integrantes en una zona especial, pero este plan ha perdido viabilidad en las últimas semanas debido a la reorganización y fortalecimiento de las disidencias.

Mientras tanto, las comunidades del Catatumbo enfrentan amenazas diarias. Reportes indican que los enfrentamientos han comenzado a extenderse hacia áreas clave como Tibú y pasos fronterizos, en una disputa que refleja la consolidación de zonas de influencia. A esto se suma el historial de tensiones internas originado desde 2017, cuando las disidencias comenzaron a operar en la zona, inicialmente con apoyo del mismo ELN, lo que más tarde escaló al recrudecimiento del conflicto.

Indepaz ha recordado que esta crisis tiene un origen multicausal, pero se centra en las tensiones por el incumplimiento de pactos entre el ELN y las disidencias. Además, insiste en la necesidad de que el Gobierno implemente estrategias integrales que incluyan la sustitución de cultivos ilícitos, la reactivación económica, la mejora de la infraestructura vial y un control fronterizo más eficiente para mitigar el impacto en esta región.

La violencia ha dificultado aún más el trabajo humanitario y ha generado alarmas a nivel nacional e internacional sobre los derechos humanos de la población local, en medio de un conflicto que parece no tener fin en el corto plazo. Mientras que la confrontación en el terreno se agudiza, el choque de palabras entre el gobierno y el ELN deja pocas expectativas de avance hacia la paz en una región históricamente afectada por el abandono estatal y la presencia de grupos armados.

El Catatumbo, con aproximadamente 44.000 hectáreas de cultivos de coca según la UNODC, es una de las regiones con mayor presencia de narcotráfico en Colombia, lo que la convierte en un foco estratégico para los grupos armados ilegales.