Donald Trump ha puesto en el punto de mira a diversas instituciones fundamentales de Estados Unidos. Desde abogados y jueces hasta medios de comunicación, sus recientes declaraciones y órdenes ejecutivas generaron alarma por las implicaciones hacia el estado de derecho. Expertos legales, analistas políticos y exfuncionarios han hecho sonar las alarmas sobre lo que consideran un método autoritario.

En el mes de marzo, Trump emitió órdenes ejecutivas específicas penalizando a bufetes de abogados prominentes como Covington & Burling, Perkins Coie y Paul Weiss Rifkind, Wharton & Garrison. Dichas medidas incluyeron la suspensión de autorizaciones de seguridad, la prohibición de acceso a edificios federales y restricciones financieras. Estas acciones parecieron estar dirigidas directamente contra estos bufetes por representar o haber trabajado con figuras que han sido críticas con Trump, como el fiscal Jack Smith y la campaña presidencial de Hillary Clinton. La orden ejecutiva contra Perkins Coie fue parcialmente bloqueada por la jueza federal Beryl Howell el 12 de marzo, quien sostuvo que violaba las protecciones de la primera enmienda de la Constitución.

La acción contra el bufete Paul Weiss Rifkind fue finalmente retirada luego de que este accediera a ofrecer 40 millones de dólares en servicios legales pro bono para impulsar prioridades de la administración Trump.

Por otro lado, los ataques a jueces se intensificaron tras varios fallos adversos a las políticas de Trump, como la suspensión de la deportación de cientos de venezolanos por parte de un juez en Washington D.C. Esta decisión llevó al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a emitir un enérgico comunicado defendiendo la independencia judicial y condenando los llamados a destituir a magistrados por sus decisiones legales.

El multimillonario Elon Musk, aliado cercano de Trump, ha utilizado su plataforma en redes sociales, X, para respaldar estas posturas. Musk reiteró los ataques a jueces que han fallado en contra de Trump y su programa de reducción de costos conocido como "departamento de eficiencia del gobierno" (DOGE). Los señalamientos incluyeron expresiones como "jueces corruptos" y llamados a su destitución inmediata. Musk, quien ha donado aproximadamente 300 millones de dólares a la campaña de Trump, ha manifestado públicamente su desconfianza en la imparcialidad del sistema judicial.

El 14 de marzo, en un encendido discurso, Trump señaló a personas como Jack Smith y Marc Elias, antiguos críticos y litigantes contra sus afirmaciones sobre fraude electoral, como "malas personas". En este marco, expertos en derecho como Daniel Richman, profesor de Columbia y exfiscal, advirtieron que dichos ataques generan intimidación en el ámbito legal, perturban vidas y elevan los costos asociados al ejercicio de la abogacía y la judicatura.

Paralelamente, Trump incrementó su retórica contra los medios de comunicación, refiriéndose a cadenas como CNN y MSNBC como "ilegales" y "corruptas". Según sus declaraciones, los medios están "cambiando la ley" e influyendo indebidamente sobre los jueces, sin presentar pruebas que sustenten dichas acusaciones.

Entre los críticos, Jamie Raskin, congresista demócrata de Maryland, señaló la gravedad de esta situación, destacando que ni en la historia de Estados Unidos se había visto a un presidente dirigirse al Departamento de Justicia con una agenda abiertamente punitiva contra sus opositores políticos.

Los expertos concluyen que la estrategia de Trump sigue patrones que buscan consolidar poder, atacando desde varios frentes al sistema judicial y legal de EE. UU. Stephen Gillers, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, advirtió que las órdenes ejecutivas deben ser vistas como "venganzas" destinadas a marcar ejemplo a quienes desafíen al expresidente. Mientras tanto, el aumento de amenazas contra jueces, como la bomba dirigida a la hermana de la jueza Amy Coney Barrett, ha generado alarmas sobre implicaciones a la seguridad personal de los magistrados.

Exfuncionarios y académicos, como Larry Noble, de American University, expresaron su preocupación de que estas acciones buscan subordinar al poder judicial y, a su vez, socavar principios fundamentales de la democracia estadounidense.