Un fallo emitido por la jueza federal Araceli Martínez-Olguín en San Francisco ordena a la administración del expresidente Donald Trump restaurar temporalmente la asistencia legal para aproximadamente 26,000 niños migrantes no acompañados en Estados Unidos. La medida responde a una demanda interpuesta por once grupos subcontratistas tras la terminación de un contrato con el Acacia Center for Justice el pasado 21 de marzo. Este contrato facilitaba el acceso a servicios legales para menores de 18 años a través de redes de ayuda legal.

El fallo establece una orden de restricción temporal con vigencia del 3 al 16 de abril. Entre las preocupaciones expuestas, la jueza destacó que la terminación de este contrato podría haber violado la Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008, que obliga a brindar asistencia legal a menores considerados vulnerables. Esta ley busca proteger a niños migrantes que enfrentan desafíos significativos para navegar un sistema de inmigración complejo, sobre todo aquellos que no hablan inglés o han sufrido traumas.

La decisión viene acompañada de otros dos reveses legales recientes para la administración Trump en temas de inmigración. En Boston, un juez falló a favor de garantizar una "oportunidad significativa" para que las personas con órdenes finales de deportación presenten argumentos antes de ser enviadas a un tercer país. Por otro lado, un juez en San Francisco bloqueó los planes para evitar el fin de las protecciones de más de 350,000 ciudadanos venezolanos, cuyo estatus legal iba a expirar el 7 de abril.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, junto a su oficina de reasentamiento de refugiados, presentó como defensa que los contribuyentes no están obligados a financiar asistencia legal directa a niños en un contexto de medidas de reducción presupuestaria. Sin embargo, los demandantes no solicitaron la reactivación del contrato extinguido, sino el regreso al estado anterior que involucraba un presupuesto de $5 mil millones destinado a garantizar representación legal para menores.

A pesar de que Acacia ha firmado un nuevo acuerdo federal para realizar clínicas de orientación legal como "conoce tus derechos," los grupos demandantes sostienen que el nivel de apoyo previo es esencial para evitar peligros como abusos y explotación. Algunos menores afectados son demasiado pequeños para hablar o han sido severamente traumatizados, según los argumentos presentados en la denuncia.

Este debate subraya un choque de posturas entre obligaciones éticas y humanitarias frente a las políticas de austeridad defendidas por los demandados. La decisión de la jueza Martínez-Olguín busca mitigar el impacto legislativo durante este período crítico en función de los derechos de los menores migrantes.

El contrato terminado había operado durante años para asegurar representación legal, una medida que ayudó a proteger contra abusos legales y sociales, y funciona bajo un enfoque establecido por la Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2008.