La Cámara de Representantes de Colombia aprobó por unanimidad un proyecto de ley que tiene como fin erradicar la mutilación genital femenina, una práctica que afecta principalmente a niñas de comunidades indígenas y que convierte a Colombia en el único país en América donde se sigue llevando a cabo. Esta iniciativa, impulsada por congresistas en colaboración con líderes indígenas, organizaciones civiles y universidades, busca prevenir, atender y erradicar esta práctica a través de medidas educativas y culturales, sin incluir sanciones penales debido al respeto a la autonomía de las comunidades indígenas.

Entre enero y noviembre de 2023, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró 89 casos de mutilación genital femenina en niñas de entre 0 y 5 años, aunque se cree que este número está subestimado, ya que solo se contabilizan aquellos incidentes que resultan en problemas graves de salud y requieren intervención médica. Para dar contexto, entre 2011 y 2021, el hospital San Rafael de Pueblo Rico, Risaralda, reportó 141 casos de esta práctica en población indígena.

La mayoría de las niñas afectadas pertenecen a comunidades indígenas, especialmente del grupo Emberá. Según Juliana Domicó, líder indígena Emberá, esta práctica no es una tradición originaria de su cultura, sino una imposición del colonialismo. Domicó participó activamente en el diseño del proyecto de ley, buscando reflejar las necesidades y las perspectivas de su comunidad, con la meta de erradicar la mutilación genital mediante campañas de educación y conciencia sobre los daños que provoca.

El proyecto no penaliza las prácticas tradicionales para evitar conflictos con la autonomía de las normativas indígenas, un enfoque que según Alexandra Vásquez, coautora del proyecto, es más efectivo que medidas punitivas que no han dado los resultados esperados en el pasado. En esta línea, Carolina Giraldo, también coautora, subrayó la importancia de abordar la falta de datos confiables, destacando que el año pasado se registraron 53 casos, pero que el número real podría ser significativamente mayor.

La iniciativa incluye la creación de un sistema de información que permitirá recolectar y difundir datos específicos sobre la mutilación genital femenina, con el fin de entender mejor la problemática y diseñar estrategias efectivas.

La mutilación genital femenina genera graves secuelas de salud tanto a corto como a largo plazo. Los riesgos inmediatos incluyen hemorragias, infecciones y complicaciones urinarias, mientras que los efectos prolongados pueden abarcar trastornos psicológicos, problemas en el parto y disfunciones sexuales. Este daño generalizado y las implicaciones de derechos humanos han sido abordados en proyectos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que considera la eliminación de prácticas nocivas como uno de sus objetivos prioritarios.

Después de su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto deberá pasar por dos debates adicionales en el Senado, específicamente en la Comisión Primera y en la plenaria, para convertirse en ley.

Jennifer Pedraza, representante por Bogotá y coautora del proyecto, enfatizó que "es crucial visibilizar y eliminar esta grave violación de derechos humanos". La iniciativa surge como un esfuerzo colaborativo entre sectores políticos, académicos e indígenas, y marca un paso importante en la protección de los derechos de las niñas y mujeres en Colombia.

Colombia es el único país en toda América donde aún se practica la mutilación genital femenina, una práctica comúnmente asociada con regiones de África y Asia.