El pasado 6 de abril de 2025 marcó un precedente en la historia reciente de Colombia, cuando Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) formada en 1992, entregó un total de 585 artefactos explosivos al ejército colombiano como parte del proceso de paz total promovido por el presidente Gustavo Petro. El acto tuvo lugar en Pasto, Nariño, donde el grupo entregó explosivos como minas antipersonal, morteros, cilindros bomba y granadas, los cuales fueron destruidos por orden del capitán Víctor Paz.

Durante el evento, que congregó a cerca de 2.000 asistentes, Comuneros del Sur y representantes del gobierno firmaron acuerdos focalizados en la transformación social del territorio. Se pactó la sustitución de 5.000 hectáreas de cultivos ilícitos, la reincorporación social y económica de los 100 integrantes del grupo, así como una inversión estatal de 45.000 millones de pesos (cerca de 12 millones de dólares). Esta suma financiará mejoras en infraestructura médica con la adquisición de 109 equipos médicos, la construcción de cuatro centros de salud y la entrega de seis ambulancias.
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De cara al futuro inmediato, Comuneros del Sur anunció su compromiso de entregar el resto de su material bélico en un plazo de tres meses. Por su parte, el gobierno, en colaboración con organizaciones locales, liderará un proceso de desminado humanitario en tres áreas periféricas del municipio de Samaniego. Este esfuerzo incluirá la capacitación de 12 miembros de la comunidad y el entrenamiento de tres equipos especiales para estudios técnicos y despejes de minas antipersonal.

A pesar de su reciente desvinculación del ELN en marzo de 2024, Comuneros del Sur no ha estado exento de polémica. Diversos líderes sociales han señalado a miembros del grupo de alimentar nuevas formas de violencia en la región a través de las Autodefensas Unidas de Nariño, una organización involucrada en negocios ilegales.

El departamento de Nariño ha sido escenario de uno de los conflictos armados más devastadores en el país, con un saldo de más de 4.000 desaparecidos y 44.500 muertos en los últimos 35 años. En promedio, se han registrado más de 1.200 asesinatos al año en esta región.

La entrega de armas y la firma de acuerdos por parte de Comuneros del Sur representa un paso significativo para la desescalada del conflicto en una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia. Sin embargo, el desafío para lograr la paz territorial y mitigar las secuelas de años de conflicto sigue siendo monumental.

El gobierno colombiano ha asumido un costo equivalente a 12 millones de dólares para financiar los acuerdos firmados con Comuneros del Sur, destacándose inversiones en el área de la salud que priorizan la construcción de infraestructura y servicios médicos en las comunidades más afectadas por el conflicto.