La Superintendencia Nacional de Salud de Colombia publicó un pronunciamiento oficial desmintiendo las acusaciones de presunta injerencia en la remoción de Lina Baracaldo como agente interventora del E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia. Dichas acusaciones, publicadas por la revista Cambio, señalan que Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habría influido en esta decisión luego de que Baracaldo supuestamente se negara a firmar un contrato relacionado con la implementación de un buque de salud para la región del Amazonas.

Según el comunicado, la decisión de remover a la interventora se fundamentó en irregularidades señaladas en un informe emitido por el Comité de Medidas Especiales. Este informe destacó el incumplimiento de los indicadores técnicos y de gestión durante el periodo de intervención de la entidad hospitalaria. La Superintendencia subrayó que esta acción se llevó a cabo conforme a lo estipulado en la Resolución 2599 de 2016 y a los procedimientos normativos establecidos.

La entidad también enfatizó su independencia y señaló que su labor primordial es garantizar la correcta administración de los recursos de salud pública. En ese contexto, rechazaron cualquier tipo de interferencia externa o irregularidad en el proceso, ratificando que la superintendente delegada, Beatriz Gómez, actuó bajo los principios de legalidad y transparencia.

En otro tema relacionado, la Superintendencia también informó la extensión por un año más de la intervención de la Nueva EPS, en una maniobra destinada a reforzar la supervisión y garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud en el país.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de la normativa vigente en todas sus actuaciones, asegurando que sus decisiones están orientadas a proteger el bienestar del sistema de salud colombiano.

La Resolución 2599 de 2016 que regula procesos de intervención en Colombia establece estrictos parámetros técnicos y administrativos, con el objetivo de proteger la prestación de los servicios de salud en situaciones críticas.