El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla decidió conceder la libertad condicional al empresario Emilio Tapia el pasado 11 de abril de 2025. La medida se aplicará durante los 27 meses y 20 días restantes de su condena. Hasta la fecha de la decisión, Tapia había cumplido cuatro años y diez días de la pena impuesta en diciembre de 2024.

Tapia fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Los hechos están relacionados con el contrato 1043 de 2020, cuya ejecución, por un billón de pesos, estaba destinada a la provisión de internet en 7,000 escuelas rurales. El empresario, que formaba parte de la Unión Temporal Centros Poblados, utilizó tres pólizas bancarias falsas para obtener un anticipo de 70,000 millones de pesos, de los que derivó un beneficio personal de 5,063 millones de pesos. Este dinero fue empleado para adquirir obras de arte, vehículos y otros gastos personales.

La libertad condicional fue otorgada por el juzgado debido a que, según el argumento presentado, Tapia cuenta con una sólida red de apoyo familiar y comunitario que facilitaría su reintegración a la sociedad. Además, se subrayó que la vivienda donde residen sus hijos funciona como un importante centro de vida familiar y social para él.

Como parte de los compromisos asumidos, Tapia ha iniciado la devolución de los fondos malversados. Hasta diciembre de 2024, había restituido 2,532 millones de pesos mediante ocho títulos judiciales, lo que representa el 50% del monto ilícito. La cantidad restante será cubierta con dos pagarés de 1,265 millones de pesos cada uno, a ser entregados en abril y octubre de 2025.

No obstante, la decisión del juzgado ha sido objeto de controversia. La Procuraduría General de la Nación interpuso una apelación para que la medida de libertad condicional sea revocada, argumentando que la gravedad del caso y los recursos involucrados demandan una mayor ejemplaridad en la sanción.

El caso Centros Poblados destaca como uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, con implicaciones significativas para las políticas de conectividad en las zonas rurales y la confianza en las instituciones públicas del país. La apelación de la Procuraduría representa un nuevo capítulo en este proceso judicial que ha captado la atención de la ciudadanía y generado amplias discusiones sobre la administración de justicia en casos de corrupción.

El anticipo de 70,000 millones de pesos obtenido con pólizas falsas equivale al presupuesto anual de diferentes programas sociales en municipios colombianos, lo que ilustra la magnitud de los fondos desviados en este caso.