La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, eludió el martes dar una respuesta directa sobre la legalidad de la reciente sugerencia del presidente Donald Trump de transferir a ciudadanos estadounidenses a cárceles en El Salvador. La propuesta fue planteada el lunes en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuyo gobierno ha aceptado personas deportadas y las ha recluido en centros penitenciarios reconocidos internacionalmente por denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Trump señaló que personas responsables de delitos violentos en el país, incluyendo casos de agresión con objetos contundentes en el transporte público, podrían ser enviadas a El Salvador para ser encarceladas. Consultada sobre la legalidad de la medida en el programa Fox News, Bondi evitó dar una respuesta clara, declarando que quienes hayan cometido crímenes atroces deben estar privados de libertad "todo el tiempo que la ley lo permita". Añadió que, si fuese necesario, Estados Unidos podría construir “más cárceles en nuestro país”.

Portavoces oficiales de la Casa Blanca confirmaron que Trump ha manifestado previamente su aprobación por la idea de deportar estadounidenses, aunque Karoline Leavitt, secretaria de prensa, argumentó que el presidente solo evalúa la opción para quienes sean considerados reincidentes “más violentos y atroces”. Leavitt también calificó la propuesta como una cuestión legal aún en revisión por la presidencia.

Expertos en leyes coinciden en que la medida carece de fundamento jurídico. Erin Corcoran, profesora de la Universidad de Notre Dame y experta en leyes de inmigración, declaró a Reuters que no hay mecanismos en la ley estadounidense que permitan la expulsión de ciudadanos fuera del país. Ilya Somin, profesor de la Facultad de Derecho Antonin Scalia de la Universidad George Mason, afirmó a NBC News que la propuesta es “obviamente ilegal e inconstitucional”.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos destina 6 millones de dólares anuales al gobierno salvadoreño para que aloje a presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua en su territorio durante un año, evidenciando acuerdos de colaboración previos en materia carcelaria para extranjeros, pero no ciudadanos estadounidenses.

El centro penitenciario de El Salvador donde se albergan personas deportadas de Estados Unidos es una de las instalaciones más grandes de América Latina y ha sido objeto de informes sobre condiciones extremas y múltiples denuncias de organismos internacionales por abusos a los derechos humanos.