La Procuraduría General de la Nación de Colombia anunció oficialmente el 14 de marzo de 2025 la apertura de una investigación disciplinaria contra cuatro Empresas Promotoras de Salud (EPS): Coosalud, Emssanar, Servicio Occidental de Salud (SOS) y Asmet Salud. Esta medida fue adoptada como respuesta a los hallazgos reportados en una auditoría llevada a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud en octubre de 2024, en la cual se evidenciaron presuntas irregularidades financieras relacionadas con el manejo y el destino de los recursos destinados a la atención en salud.

El informe de auditoría proporcionó información suficiente para que la Procuraduría decidiera actuar y abrir una investigación sobre el posible mal uso de los fondos públicos administrados por las EPS mencionadas. Este tipo de recursos se financia en gran parte con aportes obligatorios de los ciudadanos y están destinados a garantizar servicios de salud de calidad para la población afiliada al sistema.

Entre los posibles hallazgos de la auditoría, se incluyen indicios de desvío de recursos para fines distintos a los estipulados o la falta de eficacia en la prestación de servicios médicos esenciales. La Procuraduría no especificó inicialmente el monto exacto de los recursos involucrados ni detalló los procesos específicos en cada EPS, pero confirmó que existe suficiente evidencia para iniciar procesos disciplinarios que podrían derivar en sanciones administrativas severas.

Las entidades afectadas, como Coosalud, Emssanar, SOS y Asmet Salud, están entre las principales EPS que operan en el sistema de salud colombiano y atienden a millones de usuarios en todo el país. El informe de la Superintendencia Nacional de Salud, que evaluó la transparencia y el manejo de los recursos en estas entidades durante años recientes, forma parte de un panorama más amplio de supervisión al sistema de atención en salud en Colombia, el cual ha estado bajo constantes cuestionamientos por su modelo de gestión y resultados.

El caso ha generado una repercusión considerable, al tratarse de recursos públicos cuya administración irregular podría afectar directamente a millones de afiliados que dependen de estas entidades para recibir tratamientos médicos y atención adecuada. La Procuraduría reiteró su compromiso en llevar a cabo una investigación exhaustiva para determinar si existe responsabilidad disciplinaria, así como establecer acciones legales efectivas que garanticen la recuperación de los recursos y la aplicación de medidas correctivas.

Este incidente es parte de un problema más extenso en el sector salud del país, donde algunas EPS han sido previamente señaladas por manejo deficiente de recursos públicos. En este contexto, las autoridades han incrementado las medidas de control y supervisión para proteger los derechos de los ciudadanos y mejorar la eficiencia de los servicios de salud ofrecidos.

En Colombia, las EPS son responsables de administrar los recursos del sistema de salud bajo un modelo mixto. Actualmente, hay cerca de 26 EPS activas operando en todo el país, pero varias han enfrentado sanciones y cierres en los últimos años debido a problemas de gestión financiera y administrativa.