El 5 de febrero de 2025, el ex presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva titulada “Manteniendo a los hombres fuera de los deportes de mujeres”, la cual prohíbe a las atletas transgénero participar en deportes femeninos. Esta acción es un componente de su administración destinada a revertir los derechos de las personas trans en múltiples ámbitos.
La orden ejecutiva impone mandatos estrictos sobre las políticas deportivas y de género, instruyendo a las agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, a interpretar las regulaciones del Título IX de manera que excluya a las personas transgénero de las categorías deportivas femeninas. La implementación de la orden es inmediata y advierte que se cortará la financiación federal a cualquier escuela que permita que mujeres o niñas trans compitan en competiciones deportivas designadas para mujeres. En el ámbito del deporte universitario, según el presidente de la Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA), había menos de 10 atletas trans entre los 520,000 competidores en las 1,100 instituciones miembros.
Además, la orden otorga al Departamento de Educación el poder de investigar cómo las escuelas implementan el Título IX, que prohíbe la discriminación por sexo en programas educativos financiados por el gobierno federal. La política afecta a una amplia gama de niveles deportivos, desde las secundarias hasta las universidades y deportes de base.
En el contexto internacional, y de cara a los Juegos Olímpicos de 2028 que se celebrarán en Los Ángeles, Trump ha afirmado que no concederá visas a atletas transgénero que busquen competir en Estados Unidos. Simultáneamente, organizaciones deportivas como la World Athletics ya han establecido prohibiciones para que las mujeres trans compitan en categorías femeninas si han pasado por la pubertad masculina.
Según un estudio del UCLA Williams Institute, menos del 1% de la población mayor de 13 años en Estados Unidos es transgénero y, de estos, el número de personas que participan en deportes competitivos es aún menor. Esta orden ejecutiva sigue a otras acciones controvertidas de la administración Trump, como una orden que define el sexo exclusivamente como masculino o femenino basado en células reproductivas, y otra que prohíbe la transición de género para personas menores de 19 años, incluyendo tratamientos de afirmación de género.
Organizaciones de derechos humanos han condenado con vehemencia la orden, argumentando que coloca a los jóvenes transgénero en situaciones vulnerables, exponiéndolos al acoso y la discriminación.
El debate en torno a esta orden ejecutiva plantea importantes cuestiones sobre la equidad, la inclusión y los derechos humanos en el deporte y la educación, asegurando que el enfoque polarizador de estos temas continuará siendo un punto álgido en el discurso público y político de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de más de 331 millones de personas, y según el UCLA Williams Institute, menos del 1% de los mayores de 13 años se identifica como transgénero.