El grupo de defensa Public Citizen ha interpuesto una demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU. en un tribunal federal de Washington, D.C., el 4 de febrero de 2025. La acción legal busca frenar el acceso "ilegal y continuo" de Elon Musk y su grupo denominado "Department of Government Efficiency (DOGE)" a los sistemas de pago del gobierno, y evitar la divulgación de información personal y financiera de millones de estadounidenses.
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La demanda fue presentada en nombre de varias organizaciones de defensa de los derechos de los ciudadanos, incluyendo la Alliance for Retired Americans, la American Federation of Government Employees y el Service Employees International Union. El documento judicial señala que el Departamento del Tesoro, dirigido por el secretario Scott Bessent, incurría en violaciones a la Ley de Privacidad de 1974 y a las regulaciones del Código de Rentas Internas. Se alega que permitió que Musk y DOGE accedieran a sistemas sensibles de pago federales, obteniendo así información crucial como los números de Seguro Social de millones de estadounidenses.

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Los senadores Ron Wyden (D-OR) y Elizabeth Warren (D-MA) han tomado cartas en el asunto solicitando investigaciones inmediatas sobre el acceso que Musk y su grupo podrían haber tenido a los sistemas de pago del gobierno. Wyden exigió respuestas sobre si Musk o DOGE habían solicitado o recibido dicho acceso y sobre las medidas de seguridad implementadas para proteger esta información. En la misma línea, Warren solicitó informes sobre las salvaguardias existentes para prevenir abusos en el manejo de los sistemas de pago.

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Wyden requirió respuestas para el 12 de febrero, mientras que Warren estableció un plazo más temprano, el 7 de febrero. La preocupación entre los legisladores es alta, dado que una falla en estos sistemas podría tener repercusiones severas para la economía nacional.

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Bradley Moss, abogado especializado en seguridad nacional, indicó que la administración del Secretario Bessent podría enfrentar desafíos legales adicionales relacionados con las acciones de DOGE. Estos desafíos podrían incluir demandas de organizaciones afectadas por la suspensión de pagos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y posibles despidos de empleados federales.

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El contexto político de esta demanda es tenso, con la administración de Trump enfrentando críticas por sus políticas y acciones recientes. Dentro de este entorno, se menciona que Trump parece adoptar un enfoque de "solo hazlo y sé legendario", empujando los límites de su autoridad.

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Esta demanda es indicativa de profundas preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información confidencial de ciudadanos estadounidenses y hace un llamado a la vigilancia y la transparencia en el acceso y uso de sistemas gubernamentales críticos.