El 3 de febrero de 2025, Panamá deportó a 43 migrantes colombianos en un vuelo desde Ciudad de Panamá, como parte de un acuerdo migratorio entre el gobierno panameño, liderado por José Raúl Mulino, y Estados Unidos. El vuelo, financiado por Estados Unidos, despegó alrededor de las 9:00 a.m. y aterrizó en Medellín minutos antes del mediodía.
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De los deportados, siete tenían antecedentes penales y fueron escoltados con esposas. Este vuelo se realizó en el contexto de un acuerdo firmado el 1 de julio de 2024, cuyo objetivo principal es disminuir el flujo migratorio a través de la región selvática del Darién, que es usada comunmente por migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos.
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Desde el 20 de agosto de 2024, Estados Unidos ha destinado aproximadamente 2,7 millones de dólares para financiar 42 vuelos de retorno de migrantes detenidos en Panamá hacia varios países, tales como Colombia, Ecuador, India y Vietnam. Adicionalmente, se están revisando alternativas para repatriar a ciudadanos de Rusia, Turquía, Ghana, Pakistán y Afganistán.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue una figura destacada en el despegue del vuelo. Rubio, en su primera visita oficial a Panamá desde el 1 de febrero de 2025, señaló que este acuerdo es fundamental para encarar el problema migratorio y contrarrestar la influencia de China en la región. Durante su estancia, el gobierno panameño tomó la decisión de no renovar un acuerdo vigente desde 2017 con China.
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La deportación se realizó tres días tras una petición del presidente colombiano, Gustavo Petro, a las autoridades panameñas y estadounidenses para que reprogramaran dichos vuelos mientras se implementaba un protocolo de atención especial para los repatriados. En los cinco días previos, otros cuatro vuelos con más de 300 deportados aterrizaron en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, lo cual hizo que Petro considerara esta medida como un desaire a su solicitud.
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El evento también se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Petro rechazara recibir un vuelo de deportación debido a las condiciones de los migrantes. La respuesta estadounidense fue incrementar en un 25% los aranceles de importación de productos colombianos y revocar visas a miembros del gobierno colombiano. Las fricciones cesaron cuando Colombia aceptó reanudar los vuelos de deportación, aunque con algunas condiciones mínimas para los migrantes.
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Adicionalmente, Petro mencionó la posibilidad de usar cruceros para repatriar a los colombianos expulsados de Estados Unidos, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre esta propuesta logística.