El expresidente Donald Trump y Meta han alcanzado un acuerdo histórico, según el cual la compañía tecnológica pagará US$ 25 millones para resolver una demanda que surgió tras la suspensión de las cuentas de Trump en Facebook e Instagram. La gestión culminó el 29 de enero de 2025 y fue reportada en primera instancia por el Wall Street Journal. El litigio tenía su origen en las medidas adoptadas por Meta tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, en el cual Trump fue acusado de utilizar las plataformas para difundir afirmaciones de fraude electoral y no condenar la violencia.
En cuanto a la distribución del acuerdo, US$ 22 millones serán destinados a un fondo para la futura biblioteca presidencial de Trump. El monto restante cubrirá honorarios legales y compensará a otros demandantes involucrados en el caso. Esta disposición ha generado controversias y críticas por parte de figuras políticas como la senadora Elizabeth Warren, quien ha calificado la suma como un "soborno" y ha cuestionado cuál sería el beneficio que Mark Zuckerberg podría estar buscando a cambio de su inversión en el expresidente.
La demanda de Trump se centraba en alegaciones de violaciones de la Primera Enmienda, argumentando que la suspensión de sus cuentas constituía una "censura impermisible". Meta, sin embargo, justificó la suspensión bajo nuevas directrices que permitían la toma de medidas contra líderes políticos en casos de disturbios civiles y violencia, alegando que las publicaciones de Trump contenían desinformación sobre fraude electoral y contribuían a la incitación de la violencia.
El vínculo entre Zuckerberg y Trump ha sido uno de constante evolución y acercamiento. Zuckerberg ha participado en cenas y eventos vinculados a la administración Trump e, incluso, antes de la suspensión, Meta donó US$ 1 millón al comité inaugural de Trump y eliminó su programa de verificación de hechos, acciones que fueron criticadas por sus aliados.
Además del impacto financiero, este acuerdo reviste importantes implicaciones legales y políticas. La demanda de Trump formaba parte de una serie más amplia de acciones legales contra varias plataformas de redes sociales, incluidos Twitter y YouTube, que habían tomado medidas similares tras los eventos del 6 de enero. La defensa de Meta ha sostenido que la decisión de suspender las cuentas se alineó con las políticas internas contra la incitación a la violencia, y no fue influenciada por presiones externas de políticos o funcionarios.
El acuerdo también subraya la continua discusión sobre la gestión y moderación de contenido por parte de las grandes empresas tecnológicas y su interacción con figuras políticas de alto perfil. Este caso podría ser un precedente importante para futuras disputas legales entre líderes políticos y plataformas de redes sociales sobre cuestiones de libertad de expresión y regulación del discurso en línea.
La Casa Blanca, por otra parte, ha optado por no pronunciarse respecto al acuerdo, manteniendo una postura de neutralidad ante el conflicto entre una figura políticamente controvertida como Trump y una de las principales entidades tecnológicas a nivel global.