El pasado 14 de marzo de 2025, el expresidente estadounidense Donald Trump firmó una polémica orden ejecutiva que ha llevado a un significativo recorte de financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM). Esta entidad, encargada de gestionar medios como Voice of America (VOA) y Radio Free Asia (RFA), había operado con un presupuesto de 886 millones de dólares en 2024 y contaba con 3,500 empleados. Sin embargo, la nueva medida ha puesto a unos 1,300 trabajadores de VOA en licencia administrativa.

Voice of America fue creada durante la Segunda Guerra Mundial, inicialmente como herramienta para contrarrestar la propaganda nazi y difundir información objetiva en países bajo regímenes autoritarios.

Ambos medios han desempeñado un papel crucial al ofrecer información en regiones de régimen autoritario como China, Myanmar y Corea del Norte. Voice of America, con una audiencia estimada de 360 millones de personas distribuidas en cerca de 50 idiomas semanalmente, y Radio Free Asia, que comenzó a operar desde 1996 llegando a 60 millones de personas por semana, tratan de ser una fuente de noticias fiable en contextos donde la libertad de prensa es limitada. Las organizaciones operan con un fuerte enfoque en la promoción de la democracia, lo que ha sido destacado en su legado de más de 80 años.

La medida ha generado fuertes reacciones tanto nacionales como internacionales. Líderes europeos, como Jan Lipavsky, ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, han advertido que los recortes pondrán en peligro los contenidos informativos de medios como Radio Free Europe/Radio Liberty, que son de vital importancia en países como Irán y Bielorrusia donde la censura predomina. Por su parte, organizaciones de defensa de la libertad de prensa han expresado su descontento, describiéndola como una medida que beneficia a líderes autoritarios y socava la labor informativa en áreas de alta sensibilidad.

En el contexto asiático, medios estatales como el Global Times y el Beijing Daily, vinculados al Partido Comunista Chino, celebraron los recortes. Dichos medios se han mostrado críticos en el pasado hacia VOA, acusándolo de propagar "falsedades maliciosas" y promover términos como el "virus de China". Según el Global Times, el historial de VOA justificaba el replanteamiento de su financiamiento.

La presidenta de RFA, Bay Fang, subrayó las repercusiones humanas de la medida, apuntando que los reportes producidos son seguidos por decenas de millones que dependen de ellos para recibir noticias imparciales. Por otro lado, la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior (AFSA) calificó la medida como una afrenta contra las funciones designadas por el Congreso de los Estados Unidos, cuestionando su alineación con el equilibrio constitucional.

Desde la Casa Blanca, la orden ejecutiva fue defendida bajo el argumento de un uso más eficiente de los fondos públicos, asegurando que se evitará la financiación de lo que denominaron "propaganda radical". La postura oficial del expresidente Trump, que anteriormente había calificado a VOA como "anti-Trump" y propagador de desinformación, parece haber cimentado esta decisión.

Además del impacto en las audiencias globales y el personal afectado, la situación de periodistas en el campo es preocupante: se tiene constancia de que diez reporteros vinculados a VOA, RFA y Radio Free Europe están encarcelados o desaparecidos debido a su labor informativa en regímenes represivos.

El alcance total de las medidas aún está por determinarse, pero las críticas hacia las implicaciones para la libertad de prensa a nivel internacional no han cesado. Este cambio de dirección en políticas mediáticas financiadas por el gobierno estadounidense plantea preguntas sobre el papel de estos medios como embajadores de la democracia global y la información en los años venideros.