Stephen Miller, un exmédico de Arizona de 85 años, se declaró culpable de homicidio involuntario en un tribunal de Nueva York en relación con la muerte de una mujer de 61 años en un motel en Kingston durante el año 2023. La mujer, cuyo nombre no se ha revelado, padecía una enfermedad terminal y había solicitado ayuda para poner fin a su sufrimiento.
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Miller, un conocido defensor del derecho a morir, proporcionó una sustancia letal que la mujer utilizó para quitarse la vida. Este acto llevó al arresto de Miller en octubre de 2023 después de que la policía encontrara el cuerpo de la mujer en el motel durante una inspección.
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El tribunal impuso a Miller una sentencia de cinco años de libertad condicional, en lugar de una pena de prisión. Durante el juicio, el abogado de Miller argumentó que su cliente actuó por compasión y con la intención de aliviar el sufrimiento de la mujer, subrayando que desde un punto de vista moral no había cometido ninguna infracción.
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Este veredicto y la declaración de culpabilidad han generado un reavivamiento del debate sobre la legalidad y ética de la asistencia médica para morir en el estado de Nueva York, donde actualmente no es legal. La situación ha puesto en tela de juicio las leyes vigentes y ha impulsado discusiones sobre posibles reformas.
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Las autoridades investigaron y confirmaron que Miller había proporcionado los medios para que la mujer se suicidara, lo que constituyó la base para los cargos en su contra. Este caso ha sido significativo en el ámbito legal y moral, destacando las complejidades y dilemas éticos asociados con la asistencia para morir.
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La resolución del tribunal ha dejado un impacto considerable en la conversación pública y legal sobre la asistencia médica para morir, un tema que sigue siendo profundamente controvertido y complejo. La incertidumbre legal y ética sigue siendo un desafío, mientras las opiniones y emociones sobre el tema continúan polarizadas en la sociedad. El caso de Stephen Miller no es el primero en reavivar el debate sobre la asistencia médica para morir en Estados Unidos, un país donde solo diez estados y el Distrito de Columbia han legalizado esta práctica hasta la fecha.