Sneyder Augusto Pinilla, quien asumió como subdirector de Gestión de Desastres en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el presente año, se encuentra en el centro de una polémica debido a la falsificación de documentos oficiales. Pinilla presentó un certificado de antecedentes disciplinarios falsificado, fechado el 29 de mayo de 2023, para acreditar que no tenía sanciones ni inhabilidades vigentes. El documento supuestamente estaba firmado por Carlos Arturo Arboleda Montoya, jefe de la División de Relacionamiento con el Ciudadano, quien en realidad había firmado un certificado verdadero que confirmaba su inhabilidad vigente hasta 2026.

Pinilla estaba impedido para ejercer cargos públicos debido a sanciones relacionadas con irregularidades cometidas durante su cargo como alcalde de Sabana de Torres, Santander. Esta inhabilidad tiene una vigencia hasta el 11 de abril de 2026, tras haberse iniciado el 12 de abril de 2021. A pesar de esto, el acta de posesión firmada tanto por Pinilla como por Olmedo López declaraba que no existían causales de inhabilidad o incompatibilidad para su designación en la UNGRD.

El ahora exfuncionario no solo enfrenta repercusiones por la falsificación documental, sino que también está relacionado con un multimillonario escándalo financiero que involucra a la misma entidad. Previamente, Pinilla acordó un principio de oportunidad con la Fiscalía, el cual le garantizaba una pena de cinco años y ocho meses de prisión a cambio de la devolución de $618 millones que se apropió ilegalmente. Sin embargo, este nuevo caso de falsificación podría sumar acusaciones de falsedad ideológica y falsedad en documento público, con una posible condena adicional de hasta nueve años de prisión.

El proceso penal ahora ha tomado un giro más complejo, dado que este acto podría suponer una violación a los acuerdos previos con la Fiscalía. El uso de este certificado falsificado ha despertado interés mediático y cuestionamientos hacia los procedimientos de selección y posesión dentro de las instituciones públicas del país.

Este caso no es solo una disputa individual, sino que pone en la palestra pública las fallas estructurales del control y revisión de documentos para la selección de altos funcionarios. El uso fraudulento de documentos oficiales por parte de un individuo con antecedentes disciplinarios afecta severamente la percepción ciudadana de la integridad de las entidades gubernamentales.

A pesar de acuerdos judiciales como el principio de oportunidad, las acusaciones de falsedad documental pueden reabrir y endurecer las condenas ya pactadas, prolongando considerablemente el tiempo de prisión para el acusado.