La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) ha encendido las alarmas tras denunciar que varios docentes han recibido amenazas ligadas a su participación en la movilización nacional programada para el próximo 18 de marzo de 2025. Dicho evento se llevará a cabo en el marco del día cívico decretado por el Gobierno nacional, enfocado en exigir respeto a los derechos laborales y en rechazo al hundimiento de la reforma a la salud, así como en defensa de la salud pública y demandas relacionadas con la educación en Colombia.

Ante esta situación, Fecode advirtió que, de mantenerse las amenazas dirigidas al magisterio, presentará denuncias ante las instancias nacionales e internacionales competentes. Paralelamente, el presidente Gustavo Petro afirmó que no habrá sanciones para los docentes que ejerzan su derecho a la protesta, asegurando que ningún maestro estaría en riesgo por movilizarse en defensa de sus derechos.

Sin embargo, esta jornada de protesta ha generado tensiones significativas con diversas autoridades locales. En un comunicado reciente, Fecode confirmó que la Alcaldía de Bogotá no se unirá al mencionado día cívico. Según denunció la organización sindical, esto quedó evidenciado a través de dos memorandos emitidos por la Secretaría de Educación del Distrito, los cuales, según la federación, buscan desincentivar la participación docente mediante lo que calificaron como actos de “amedrentamiento, intimidación y obstaculización del derecho a la protesta y movilización sindical”.

Una postura similar fue adoptada por los alcaldes de Medellín, Bucaramanga y Cartagena, al igual que por la Gobernación de Antioquia, autoridades que anunciaron que tampoco respaldarían el día cívico convocado a nivel nacional. Estas decisiones motivaron a Fecode a calificar de inadmisibles los intentos por parte de secretarías de educación y gobiernos locales de presionar a los rectores para que impongan sanciones a los docentes que decidan participar. Según Fecode, estas acciones vulneran los derechos sindicales, así como la libertad de expresión y organización del magisterio.

En uno de los puntos más controvertidos, Fecode denunció que los gobiernos locales han argumentado que reportar a los maestros participantes de las marchas como “presuntos ausentes injustificados” se justifica en la prevalencia del derecho de la niñez y la juventud a recibir clases. La Federación rechazó tajantemente este argumento, asegurando que equivale a una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores.

En respuesta, el gremio ha solicitado formalmente a las Secretarías de Educación de Bogotá, Medellín, Cartagena y demás Entidades Territoriales Certificadas (ETC) abstenerse de tomar represalias contra los docentes movilizados, garantizando así el ejercicio pleno de sus derechos sindicales y laborales. Las demandas también fueron dirigidas a la esfera nacional, exigiendo la implementación de medidas que nivelen las garantías sindicales de los trabajadores del sector educativo.

En el contexto de esta controversia, el gobierno, a través del presidente Gustavo Petro, se pronunció asegurando que ningún maestro enfrentará sanciones por participar en la movilización. Petro, además, llamó a respetar los derechos fundamentales de los trabajadores, sosteniendo que cualquier tipo de represalia violaría la legislación vigente.

Mientras la fecha programada para la jornada de protesta se acerca, la situación ha escalado a un debate nacional sobre la salvaguarda de los derechos de los docentes y la libertad de organización sindical en el país. Se espera, además, una amplia participación de educadores en esta movilización, en medio de un clima de tensión marcado por amenazas y presiones denunciadas por Fecode.

En Colombia, la educación es uno de los sectores donde históricamente se han realizado importantes manifestaciones sindicales, siendo Fecode una de las organizaciones sindicales con mayor trayectoria en la defensa de los derechos laborales y sociales del gremio docente.