En un contexto de recortes presupuestarios y medidas de eficiencia promovidas por la administración Trump, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NSA), encargada de gestionar 3,748 bombas y ojivas nucleares del arsenal estadounidense, enfrenta desafíos críticos tras la reducción de su personal. Más de 130 trabajadores aceptaron ofertas de indemnización para renunciar a sus cargos, mientras que otros 27 empleados fueron despedidos, exacerbando una crónica escasez de personal.

Entre los profesionales que han dejado la agencia en las últimas seis semanas se encuentran al menos 27 ingenieros, 13 analistas de programas, 12 gerentes de proyectos y seis analistas de presupuesto, así como físicos, abogados y expertos en seguridad. Estos despidos coinciden con la mayor carga de trabajo enfrentada por la NSA desde la Guerra Fría, en un esfuerzo de modernización del arsenal nuclear cuyo presupuesto asciende a 20,000 millones de dólares anuales.

Los afectados incluyen cuatro expertos responsables del transporte seguro de materiales nucleares y media docena de especialistas de la unidad que desarrolla reactores para submarinos nucleares. Asimismo, un bioquímico e ingeniero que lideraba el equipo de cumplimiento de normas ambientales en una planta en Texas fue cesado de su cargo. El éxodo no solo afecta la capacidad operativa, sino también la supervisión de más de 60,000 contratistas que realizan gran parte de las funciones de la agencia, según advirtieron exfuncionarios y analistas especializados.

El impacto es evidente en instalaciones clave: el laboratorio de Los Álamos, donde se fabrican minas de plutonio, ha pasado de 97 a 76 empleados presupuestados este año. La planta de Y-12 en Oak Ridge, Tennessee, que procesa uranio, ahora cuenta con 84 de los 92 empleados necesarios. En Las Vegas, la oficina de campo de la NSA perdió 15 empleados y opera con solo 67 de los 82 que tenía presupuestados.

Mientras los funcionarios federales defienden las medidas como una estrategia contra la "extravagancia gubernamental", expertos como Scott Roecker, de la Iniciativa de Amenaza Nuclear, resaltan el perfil altamente especializado de los trabajadores afectados, describiéndolos como "personas muy competentes, exitosas y bien capacitadas". Los despidos apresurados han dificultado la transmisión de conocimientos técnicos y la formación de nuevos empleados, proceso que puede prolongarse hasta un año.

Además, los recortes han puesto en riesgo proyectos estratégicos, como la modernización de esferas de plutonio utilizadas en ojivas nucleares, y han llevado a la salida de destacados funcionarios, incluido Ian Dinesen, jefe de gabinete en programas de defensa, y Kyle Fowler, quien supervisaba la producción de uranio. La escasez de personal amenaza con retrasar la misión de modernización del arsenal y afecta la capacidad de la agencia para garantizar la seguridad de las operaciones nucleares.

A pesar de estas preocupaciones, el portavoz del Departamento de Energía, Ben Dietderich, aseguró que los sitios de producción y laboratorios nucleares administrados por contratistas no se han visto afectados directamente. Sin embargo, informes internos y declaraciones de antiguos empleados contradicen esta afirmación, señalando que la falta de supervisión puede aumentar el riesgo de fraude y malversación de fondos destinados a la seguridad nacional.

El senador Angus King calificó el proceso como "descuidado e irresponsable", mientras que Jill Hruby, exdirectora de la NSA, advirtió sobre la dificultad de atraer y retener personal calificado. La situación, remarcó la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, refuerza desafíos persistentes en la rotación de personal y la competencia frente al sector privado, atrayendo a los mejores talentos de esta agencia estratégica.

La autorización "Q" que poseían muchos de los empleados despedidos les daba acceso a información clasificada sobre el diseño, producción y uso de armas nucleares, lo que los convertía en uno de los grupos más especializados dentro del gobierno federal.