Rodrigo Duterte, quien se desempeñó como presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, fue arrestado en Manila el 11 de marzo de 2025 bajo cargos de asesinato relacionados con su polémica "guerra contra las drogas". Según datos oficiales, esta política de mano dura dejó un saldo de 6,200 muertes documentadas durante operaciones antidrogas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que el número real podría alcanzar hasta 30,000 personas, muchas de ellas presuntos usuarios y traficantes de drogas.

La Corte Penal Internacional (CPI) ha señalado a Duterte como "co-perpetrador indirecto" del crimen de lesa humanidad de asesinato, alegando que promovió, financió y armó escuadrones de la muerte responsables de ejecuciones extrajudiciales entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Tras su detención en Filipinas, el exmandatario fue transferido a La Haya el 12 de marzo de 2025, donde permanece en una unidad de detención en la costa holandesa.

Antes de ser entregado a la CPI, Duterte dirigió un mensaje en video en el que expresó: “Cualquiera que haya sido el pasado, yo estaré al frente de nuestras fuerzas del orden y el ejército. Dije esto antes, que los protegeré y seré responsable de todo”. En este mensaje, aseguró que enfrentar el proceso legal será extenso y manifestó su intención de seguir sirviendo a su país.

El arresto de Duterte fue calificado por el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, como un avance significativo para proporcionar justicia a las víctimas de los delitos más graves contemplados por la corte. A pesar de ello, los abogados defensores del expresidente han interpuesto un recurso legal acusando al gobierno filipino de cometer un "secuestro" al entregar a Duterte a la CPI. Argumentan que, tras la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, la corte carece de jurisdicción en el caso. Sin embargo, la CPI sostiene que tiene capacidad para investigar y juzgar los presuntos crímenes cometidos antes de la fecha de la retirada.

El presidente actual de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., respaldó las acciones legales realizadas para detener a Duterte, afirmando que el arresto se llevó a cabo respetando todos los procedimientos legales pertinentes.

La detención del expresidente ha tenido repercusiones políticas. Su hija, Sara Duterte, quien ocupa el cargo de vicepresidenta del país, viajó a La Haya para mostrar su apoyo en este momento crítico para la familia. Duterte ha señalado que enfrentará el proceso y se mantendrá firme en su compromiso con su legado político y su nación.

Esta es la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional que un expresidente de Filipinas es detenido y transferido para enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad.