El pasado 13 de marzo de 2025, la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro sufrió un fuerte revés cuando ocho de los catorce senadores de la Comisión Séptima del Senado firmaron la ponencia para archivarla, frustrando temporalmente los intentos de avanzar en el proyecto. Esta decisión provocó una rápida reacción del presidente Petro, quien expresó su descontento y sugirió llevar el debate a las urnas mediante una consulta popular. Además, el mandatario propuso incluir la reforma de salud en esta misma iniciativa.

Antonio Sanguino Páez, titular de la cartera de Trabajo y exsenador del Partido Verde, de 59 años, manifestó que la consulta popular contemplaría dos preguntas clave: "¿Está de acuerdo usted con que la jornada laboral en Colombia empiece a las 6 de la mañana y termine a las 7 de la noche?" y "¿Está de acuerdo con recibir una remuneración por horas extra, festivos y dominicales?". El ministro confía en contar con el apoyo de los 22 millones de trabajadores del país en esta eventual consulta, aunque aclaró que si el debate legislativo se reactiva, no será necesario recurrir a las urnas.

Sanguino expresó su inconformidad y decepción por la decisión de varios senadores, alegando que existía un ambiente propicio para lograr consensos. Indicó que el Ministerio de Hacienda había emitido una evaluación sobre la viabilidad financiera de la reforma, lo que había generado expectativas de avances. Sin embargo, de los compromisos asumidos por varias senadoras para presentar ponencias alternativas, solo Norma Hurtado, del Partido de la U, lo cumplió. La postura de otras dos legisladoras, Berenice Bedoya del partido ASI y Lorena Ríos de Colombia Justa y Libre, quienes firmaron la ponencia de archivo pese a haber prometido no hacerlo, fue objeto de fuertes críticas por parte del ministro, quien calificó el acto de "clandestino".

El ministro de Trabajo, en compañía del presidente Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, analizó posibles opciones para continuar impulsando la reforma. Entre ellas, se evalúa la posibilidad de expedir partes del proyecto a través de decretos gubernamentales. Según Sanguino, ya se están elaborando siete borradores de decretos relacionados con la reforma laboral. Asimismo, se resaltó que no se contempla retirar la iniciativa del Congreso, y hay confianza en que aún se pueda reconsiderar la postura de quienes decidieron apoyarla inicialmente y después optaron por firmar la ponencia de archivo.

En cuanto a la estrategia legislativa, Sanguino rechazó la sugerencia del senador Miguel Ángel Pinto de retirar el proyecto y presentar una versión más corta. "Si quieren hundirla, deben asumir la responsabilidad política", sentenció.

Este complejo panorama legislativo refleja un bloqueo institucional en la Comisión Séptima, con una mayoría de ocho senadores oponiéndose a la medida. Sin embargo, el gobierno mantiene su postura de no abandonar la reforma y garantiza que utilizará todos los mecanismos constitucionales y legales a su disposición para avanzar en su implementación.