El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha propuesto la implementación de una "tasa de seguridad" que se incluiría en las facturas de energía a partir del 1 de enero de 2025. Esta tasa afectará a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 y tiene como objetivo recolectar aproximadamente 1.2 billones de pesos en un periodo de dos años para financiar proyectos de seguridad en el departamento.
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El proyecto, radicado ante la Asamblea Departamental el 12 de noviembre de 2024, propone un cobro que podría variar entre 10,000 y 20,000 pesos por usuario, o alternativamente, alrededor de 80 pesos por kilovatio/hora consumido. Esta propuesta ha generado una fuerte oposición entre diversos gremios y sectores de la población, especialmente en Medellín, donde las preocupaciones sobre el incremento en las tarifas de energía han suscitado un amplio malestar.
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Uno de los críticos más destacados de esta medida es el político Federico Gutiérrez, quien ha expresado su desacuerdo, argumentando la necesidad de explorar otras alternativas que no tengan un impacto negativo en la economía familiar. "Necesitamos buscar alternativas que no afecten el bolsillo de los ciudadanos", afirmó Gutiérrez, resumiendo el sentir de muchos antioqueños.
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La "tasa de seguridad" se plantea en un contexto en el que otros departamentos del país están eliminando cobros similares debido a su ineficacia, lo cual añade una capa de controversia adicional a la iniciativa de Rendón. Según los detractores, esta medida podría agravar la carga financiera sobre los hogares de los estratos medios y altos, en un momento en el que el costo de los servicios públicos ya es una preocupación constante para muchas familias.
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Pese a las críticas, el gobierno de Rendón sostiene que los fondos recaudados mediante este cobro serán cruciales para implementar mejoras en la seguridad del departamento. A manera de respuesta, quienes se oponen insisten en que hay otras maneras de financiar tales proyectos sin recurrir a un aumento en las facturas de energía.
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A medida que se acerca la fecha de implementación, las discusiones al respecto continúan intensificándose. La Asamblea Departamental aún debe debatir y decidir sobre la viabilidad de la "tasa de seguridad", y no se descartan más manifestaciones y acciones de rechazo por parte de la ciudadanía y sus representantes.
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La controversia generada por esta propuesta subraya las complejidades de la gestión pública y la difícil tarea de equilibriar las necesidades de seguridad con el impacto financiero en la población. La resolución de este debate será clave para determinar el rumbo de las políticas públicas en Antioquia durante los próximos años.