El presidente Gustavo Petro se enfrenta a un complejo escenario tras el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, que ha ordenado su retractación y disculpas públicas hacia Enrique Vargas Lleras. Este episodio, sumado a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre los gastos de campaña de Petro, ha desatado una controversia considerable y ha llevado al mandatario a cuestionar profundamente el papel y la autoridad de estas instituciones.

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Petro ha sido contundente en su rechazo a la intervención del CNE y del Consejo de Estado. De acuerdo con la Constitución, solo la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene la autoridad exclusiva para investigar al presidente, acusarlo y llevar el caso al Senado para su juicio. El CNE y el Consejo de Estado, según Petro, están actuando fuera de sus competencias y sobrepasando los límites de sus funciones.

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El presidente ha denunciado con vehemencia que el CNE y el Consejo de Estado están ejecutando un plan para desestabilizar su presidencia bajo pretextos legales cuestionables. Petro argumenta que el CNE, al investigar los topes de campaña, y el Consejo de Estado, al imponer una retractación y disculpas públicas, están actuando de manera extralimitada.

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“Estas instituciones están preparando el terreno para un golpe de Estado institucional. El CNE no tiene competencia para decidir sobre la legalidad de la campaña presidencial ni el Consejo de Estado tiene el poder para imponer retractaciones basadas en interpretaciones políticas. Cada paso dado por estas entidades está construyendo un golpe de Estado desde adentro”, afirmó el presidente.

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El reciente fallo del Consejo de Estado que obliga a Petro a retractarse y pedir disculpas públicas a Enrique Vargas Lleras ha sido recibido como una maniobra política para desacreditar al presidente. La decisión del Consejo de Estado surge tras una tutela interpuesta por Vargas Lleras, quien acusó al presidente de difamación y ataque a su honor y el de su familia mediante publicaciones en redes sociales que lo vinculaban con irregularidades financieras en la Nueva EPS.

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Petro ha descalificado la decisión, señalando que el Consejo de Estado actúa fuera de su jurisdicción y que la medida busca poner en tela de juicio su legitimidad presidencial. “La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa como el Consejo Electoral o el Consejo de Estado decida sobre la continuidad en el cargo del presidente. Estas acciones son un claro intento de golpe de Estado institucional”, reiteró Petro.

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Petro ha convocado a los ciudadanos a estar atentos y a prepararse para lo que él considera un avance hacia un golpe de Estado institucional encubierto. En medio de este conflicto, el presidente ha subrayado la necesidad de que el pueblo colombiano se mantenga vigilante y defienda los principios constitucionales.

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“Que se quede o se vaya el presidente, que no ha cometido delito alguno, será asunto que decida de nuevo el pueblo colombiano, en las calles. Preparémonos para ello”, concluyó Petro.