Una demanda presentada el miércoles en un tribunal federal de San Diego, California, acusa a la compañía estadounidense Bumble Bee Foods de beneficiarse y tolerar condiciones de trabajo forzoso que afectan a pescadores empleados en barcos de sus proveedores, todos ellos vinculados a la industria global del atún, que genera más de 40 000 millones de dólares al año.

Los demandantes, entre ellos Muhammad Syafi'i, Akhmad, Angga y Muhammad Sahrudin, describieron experiencias laborales extremas mientras trabajaban en barcos atuneros que abastecían los productos de la empresa. Entre las acusaciones se encuentran insuficiencia alimentaria -que llevó incluso a trabajadores a comer cebo-, golpizas repetidas por parte de los capitanes y la negación de auxilios médicos. Un caso emblemático es el de Syafi'i, quien sufrió quemaduras graves por la caída de aceite caliente mientras trabajaba como cocinero en un buque. Según su testimonio, el capitán se negó a proporcionarle atención médica y lo mantuvo en el mar durante meses, a pesar de su necesidad urgente de tratamiento.

De acuerdo con informes previos de Greenpeace, en diciembre de 2022 se documentaron al menos 10 pescadores indonesios que narraron haber sido reclutados bajo falsas promesas de buenos sueldos, solo para ser posteriormente sometidos a jornadas extenuantes, violencia física y hambre, terminando sus contratos sin ahorros significativos. El grupo ambientalista también rastreó el suministro de pescado capturado bajo condiciones de trabajo forzoso hasta una lata de atún de Bumble Bee vendida en Arlington, Virginia, poniendo de relieve posibles irregularidades en los productos que llegan a los consumidores de Estados Unidos.

Las investigaciones y datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan que, en 2021, alrededor de 128 000 personas en la industria pesquera mundial operaban bajo condiciones forzosas, aunque reconocen que la cifra real podría ser considerablemente superior. Estados Unidos, como principal importador mundial de productos del mar, con aproximadamente el 80 % de su consumo de mariscos proveniente de mercados extranjeros, se encuentra estrechamente relacionado con esta problemática.

Las acusaciones contra Bumble Bee Foods se contextualizan en un marco de larga data de supuestas violaciones laborales dentro de su cadena de suministro. Desde 2020, la marca es propiedad de la comercializadora taiwanesa de atún FCF. Un año después de la adquisición, Bumble Bee fue señalada por el Foro Global de Justicia Laboral por presuntamente realizar afirmaciones falsas sobre la seguridad y equidad de sus prácticas comerciales. La empresa declinó responder a las recientes acusaciones y demandas judiciales alegando litigios pendientes.

El caso se presenta bajo una legislación estadounidense que permite a víctimas de trata de personas demandar a empresas que se beneficiaron o debieron saber sobre las condiciones de explotación, independientemente de la nacionalidad de las víctimas. Los demandantes buscan obtener una indemnización económica no especificada, argumentando violaciones a sus derechos fundamentales.

Además, los hombres denunciaron la falta de supervisión en Indonesia, su país de origen, donde leyes laborales flexibles y la falta de un control riguroso facilitan que intermediarios atraigan a trabajadores pobres con promesas incumplidas. Syafi’i relató, desde su residencia en Yogyakarta, que al regresar a Indonesia tras su experiencia en el buque de bandera china Lu Rong Yuan Yu 211, tuvo que someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de sus lesiones. Aunque recibió una indemnización de aproximadamente 6 000 dólares por parte del agente reclutador, asegura que este monto no compensa la magnitud de los daños sufridos.

El caso de Bumble Bee Foods subraya la urgente necesidad de mayor regulación y medidas internacionales para garantizar la justicia laboral en la industria pesquera global, particularmente en un sector donde abusos como los relatados por los pescadores continúan saliendo a la luz. El consumo de mariscos en Estados Unidos depende en un 80 % de importaciones, lo que convierte al país en el mayor importador mundial de productos del mar, una cifra que refleja su alta demanda y la compleja cadena de suministro internacional que sustenta esta industria.