El 18 de febrero de 2025, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró un paro armado de 72 horas en el departamento de Chocó, una zona históricamente afectada por la violencia en Colombia. La medida ha tenido consecuencias graves para las comunidades, con cifras oficiales registrando el desplazamiento de más de 3.500 personas y el confinamiento de aproximadamente 2.000 familias en 30 comunidades rurales. Entre las localidades afectadas destacan las zonas más apartadas de la región, que ya sufrían serias limitaciones en acceso a salud, educación y otros servicios básicos.
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El paro, según el ELN, busca denunciar una supuesta "connivencia" entre el Ejército Nacional Colombiano y el Clan del Golfo, un grupo paramilitar de gran influencia en la región. Las amenazas del grupo guerrillero incluyen advertencias de ataques a quienes salgan de sus viviendas, inclusive para actividades esenciales como la compra de alimentos o el acceso a servicios médicos. Esto ha agravado la precariedad en las comunidades, ya que el bloqueo total limita la llegada de ayuda humanitaria.
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El contexto de violencia no está limitado a Chocó. En los últimos dos años, este es el noveno paro armado declarado por el ELN, en medio de un ambiente de alta tensión en diversas regiones del país. En el Catatumbo, donde también se aplicó una estrategia similar, se han registrado al menos 100 víctimas mortales y el desplazamiento de decenas de miles de personas.
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Ante la grave situación, la gobernadora Carolina Córdoba pidió al Gobierno central la declaración de conmoción interior para Chocó, una medida que permitiría implementar acciones extraordinarias de seguridad y asistencia. La solicitud se basa en precedentes donde esta herramienta jurídica se usó en el Catatumbo bajo circunstancias similares.

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En respuesta a las acciones del ELN, las Fuerzas Armadas lograron un golpe significativo al Clan del Golfo, descubriendo un megadepósito de armas. Sin embargo, la persistencia de grupos armados ilegales en la zona, incluyendo las disidencias de las extintas FARC, ha complicado aún más la seguridad en la región, según la Defensoría del Pueblo. Esto contribuye a un clima de desesperanza para los pobladores, muchos de los cuales no pueden desplazarse por caminos controlados por actores armados.

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Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por el impacto del paro armado en las comunidades, especialmente en los niños, quienes enfrentan riesgos de reclutamiento forzado y falta de acceso a servicios básicos como alimentación y educación. La vulnerabilidad del sector rural en Chocó se ve acentuada debido a su histórica desatención por parte del Estado, agravando así la crisis actual.

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El llamado de las autoridades locales y organismos humanitarios al Gobierno central subraya la necesidad de atender no solo el actual paro armado, sino también las condiciones estructurales que perpetúan la violencia y el abandono en el departamento. Hasta el momento, la respuesta del Estado ha sido calificada como insuficiente por varios líderes del territorio y defensores de derechos humanos. La crisis en Chocó pone nuevamente en evidencia los desafíos de largo plazo para consolidar un marco de paz y seguridad en Colombia.