El general Tito Castellanos, exsubdirector de la Policía Nacional de Colombia, se encuentra en el centro de una polémica investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Castellanos está señalado como partícipe en presuntas actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, las cuales habrían implicado la recepción de beneficios económicos y favores de personas vinculadas a organizaciones criminales.
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De acuerdo con información divulgada, se alega que Castellanos y un grupo de uniformados habrían comenzado robando recompensas provenientes de los gastos reservados de la institución policial y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA). Posteriormente, las operaciones habrían evolucionado hacia un esquema más complejo de corrupción, en el que cobraban a narcotraficantes por proporcionar transporte seguro para sustancias ilícitas, utilizando vehículos oficiales de la Policía.
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El caso no solo afecta a Castellanos, sino que abarca a varios miembros de la institución policial. Según las investigaciones preliminares, estos agentes habrían engañado tanto a narcotraficantes como a compañeros capturados, evidenciando una red de corrupción que incluye altos mandos. Este sistema de engaños y pagos ilegales apunta a una posible estructura profundamente enraizada dentro de la organización.
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La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación formal contra Castellanos, recopilando pruebas que incluyen testimonios y evidencia documental para determinar la posible responsabilidad del exsubdirector en estas actividades ilícitas. Estas investigaciones han generado una fuerte reacción tanto en la opinión pública como en el ámbito político, debido a la alta posición ocupada previamente por Castellanos dentro de la Policía Nacional.
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El escándalo ha elevado la presión sobre las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la lucha contra el crimen organizado en el país. Para la Fiscalía, este caso no solo pone en tela de juicio la actuación de los implicados, sino que también evidencia la relevancia de combatir la corrupción dentro de las entidades de seguridad pública.