Margarita Cabello, quien ocupa el cargo de Procuradora General de la Nación en Colombia, dejará su puesto el 15 de enero de 2025. La salida de Cabello ocurre en medio de críticas por no haber atendido un debate de control político referente a la adquisición de una oficina en Barranquilla, una compra envuelta en controversias por presuntas irregularidades.
‍

El debate de control político, solicitado desde inicios de 2024 por la senadora Esmeralda Hernández, ha sido cancelado seis veces sin ninguna notificación o explicación oficial, según denunció la congresista. La última cancelación se produjo hace dos semanas. Hernández argumenta que la mesa directiva del Congreso ha encontrado pretextos para evitar agendar el debate, prioritizando otros asuntos que, a su juicio, son menos relevantes.
‍

El inmueble en cuestión es la Oficina 701 del Edificio Centro Ejecutivo, ubicada en Barranquilla, adquirida por la Procuraduría General de la Nación el 20 de diciembre de 2023 a un valor de 20.306 millones de pesos. Un avalúo comercial había tasado el inmueble en 10.043 millones de pesos, lo que significa que la compra se realizó con un sobreprecio del 102%.
‍

El vendedor del inmueble, Ludwing Landazábal Molina, había asegurado que la propiedad estaba libre de hipotecas y embargos. Sin embargo, en el momento de la firma, la oficina estaba hipotecada y tenía tres embargos del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. Estas cargas fueron removidas solo en marzo de 2024, dos meses y medio después de la firma de la promesa de compraventa.
‍

Landazábal había sido vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con la Dirección Nacional de Estupefacientes, no obstante, fue exonerado debido a la prescripción de la acción penal.
‍

El nuevo procurador, Gregorio Eljach, asumirá el cargo en marzo de 2025, después del receso del Congreso que comienza el 16 de diciembre de 2024 y se reanuda el 16 de febrero de 2025. La comunidad política y ciudadana se mantiene expectante sobre cómo Eljach abordará estas y otras situaciones pendientes en la Procuraduría.
‍

Este caso ha generado un notable debate sobre la gestión de Margarita Cabello y la transparencia en la administración de bienes públicos, poniendo en el centro de la discusión la necesidad de eficacia y claridad en las operaciones realizadas por las instituciones del Estado.