En un informe que detalla la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia, Luz Adriana Camargo, fiscal general de la nación, confirmó que entre enero de 2016 y diciembre de 2024 se registraron 1.372 asesinatos de líderes sociales. La titular de la Fiscalía destacó que podrían existir aún más casos no contabilizados debido a obstáculos para identificar correctamente a estas víctimas. Camargo calificó la situación como "una catástrofe", subrayando las falencias y limitaciones operativas que dificultan las investigaciones de estos crímenes.
Un informe de Front Line Defenders, presentado en 2024, respaldó las cifras al indicar que Colombia sigue liderando las estadísticas de violencia contra defensores. En 2023, ocurrieron 142 asesinatos de los 300 documentados a nivel mundial, representando el 48% de estos crímenes. Cifras de años anteriores también reflejan un panorama alarmante: en 2022, se registraron 186 asesinatos.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han ilustrado la dimensión del problema. Según la CIDH, de los 126 asesinatos de defensores documentados en América, 70 tuvieron lugar en Colombia en 2023, lo que equivale al 55% del total. Entre los factores que contribuyen a esta cifra se encuentran los cultivos de coca, el tráfico de drogas y la alta incidencia de conflicto armado en ciertas regiones.
Los departamentos más afectados por esta violencia son Cauca, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca y Arauca, considerados zonas críticas para las actividades sociales y de defensa de derechos humanos. En un contexto de vulnerabilidad también se encuentran regiones como el Catatumbo, donde este problema se agrava.
En los primeros 45 días de 2025, la crisis continua: el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 22 asesinatos de líderes, incluyendo el reciente homicidio del líder indígena Leonardo Samir Moreno, ocurrido el pasado 9 de febrero en Putumayo.
Para la Fiscalía, el acceso a zonas alejadas y violentas del país representa uno de los mayores desafíos, obstaculizando los procesos judiciales y de investigación. Mientras tanto, los defensores y líderes sociales siguen siendo blanco constante de los grupos armados ilegales que controlan extensos territorios del país. Estos datos revelan una urgente necesidad de protección y de medidas estructurales para contrarrestar este escenario. Según Front Line Defenders, Colombia ha liderado por años consecutivos la lista de países más peligrosos para defensores de derechos humanos, superando incluso naciones en guerra activa.