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Un giro dramático ha sacudido el caso del predio Aguas Vivas en Medellín. Nuevos documentos revelados por el exalcalde Daniel Quintero demuestran que Federico Gutiérrez no solo conocía la valorización del predio en aproximadamente 44 mil millones de pesos, sino que habría firmado el contrato de Aguas Vivas antes de que existiera el decreto que lo regulaba, para luego crear este marco legal en los últimos días de su primer mandato.
La irregularidad legal: contrato sin sustento normativo
Según afirma Quintero en sus recientes publicaciones en redes sociales: "El contrato de aguas vivas se hizo sobre un decreto que no existía. Fico firmó el decreto el mismo día y sólo entró a regir el 1 de enero del 2020, cuando Fico ya no era Alcalde".
Esta revelación sugiere una grave irregularidad administrativa y posible violación a los principios de contratación pública en Colombia. De acuerdo con la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) y la Ley 1150 de 2007, toda contratación estatal debe sujetarse a un marco normativo previo y claramente establecido.
Firmar un contrato que compromete recursos públicos sin el marco legal que lo respalde, para después crear retroactivamente dicho marco mediante un decreto, podría configurar diversos delitos como prevaricato, celebración indebida de contratos o incluso peculado, dependiendo de las circunstancias específicas.
La tabla reveladora: negocios con predios durante la primera administración de Gutiérrez
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Entre la documentación compartida por Quintero se encuentra una tabla detallada que muestra cómo la administración de Federico Gutiérrez habría realizado negocios con predios aprobados para compensar obligaciones urbanísticas. En esta tabla se observa específicamente el caso del predio Aguas Vivas (matrícula 833877), que según el documento pasó de tener un avalúo catastral de $2.711 millones a un valor total de adquisición de $44.090 millones.
Lo más revelador es la observación que acompaña esta información: "Solo para el Año 2019 en que hicieron la negociación, incluyeron la porción de 10.510,86m² como zona urbana, aumentando el valor del predio en $7.249'192.989, de $36.841'078.223 como zona rural en su totalidad a $44.090'271.213 como zona mixta".
Este documento evidencia que la revalorización del predio que Gutiérrez ahora denuncia como irregular, en realidad ocurrió durante su propia administración.
La tabla también revela otros casos similares, como el predio Guacharacas (matrícula 1037315), que experimentó un aumento considerable en su valoración, y el predio Volcana Ecoparque las Palmas (matrícula 179325), donde según la documentación se habría generado "una ganancia adicional para los vendedores y una pérdida para el municipio de $36.255mt2 ósea $2.742'272.004 que el municipio le regaló al vendedor."
El Decreto 2502: creado después del contrato que supuestamente debía regular
El Decreto 2502 del 27 de diciembre de 2019, publicado en la Gaceta Oficial N. 4658 del 31 de diciembre de 2019, "reglamenta el procedimiento para el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas por concepto de áreas de cesión pública en el municipio de Medellín".
El timing resulta particularmente sospechoso: el decreto fue firmado en los últimos días del mandato de Gutiérrez pero entraría en vigor justo cuando él ya no estuviera en el cargo, dejando las consecuencias para la administración entrante. Más grave aún, el contrato relacionado con Aguas Vivas aparentemente ya se había firmado antes de que existiera este marco normativo.
En el ordenamiento jurídico colombiano, esta práctica viola principios fundamentales del derecho administrativo. El Consejo de Estado ha reiterado en numerosas ocasiones que los actos administrativos deben seguir el principio de legalidad, según el cual toda actuación de la administración debe estar previamente autorizada por una norma jurídica.
La prueba definitiva: carta oficial confirma valoración bajo la administración Gutiérrez
Quizás la evidencia más contundente es una carta oficial de la Alcaldía de Medellín fechada el 23 de julio de 2019, dirigida a Juan Diego Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones S.A.S. En esta comunicación, firmada por Martha Eugenia González Domínguez, Subsecretaria de Despacho, se confirma explícitamente la valoración del predio Aguas Vivas.
La carta detalla que "el área efectiva para contabilizar como obligación urbanística por concepto de cesión de suelo para espacio público de esparcimiento y encuentro, corresponde a un total de 130.958,83 m²". Además, especifica que 10.510,86 m² se encuentran en área urbana y 120.447,97 m² en área rural.
Lo más revelador es la valoración económica: "Considerando lo anterior, actualmente, los valores por metro cuadrado para el área urbana corresponde a $971.004 m² (código del valor 490), y para el área rural $281.318 m² (código del valor 424)". Estos valores, multiplicados por las respectivas áreas, dan como resultado los aproximadamente 44 mil millones de pesos que ahora Gutiérrez cuestiona.
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Esta carta demuestra inequívocamente que la valoración del predio que Gutiérrez ahora señala como fraudulenta fue establecida durante su propia administración, casi seis meses antes de que finalizara su mandato, lo que deja sin sustento sus acusaciones contra Quintero.
Reunión de emergencia tras las revelaciones
Según información compartida por Quintero, los secretarios que firmaron el Decreto 2502 junto con Gutiérrez sostuvieron una reunión de emergencia en la Alcaldía. En una imagen que muestra la Gaceta Oficial N°4658, se observan los nombres de los funcionarios que respaldaron dicho decreto: Federico Gutiérrez Zuluaga (Alcalde Municipal), Ana Cathalina Ochoa Yepes (Directora de Planeación Municipal), Juan Manuel Velásquez Correa (Secretario de Gestión y Control Territorial), Paula Andrea Palacio Salazar (Secretaria de Infraestructura Física) y Luz Ángela González Gómez (Secretaria de Servicios y Suministros).
Un mensaje que acompaña esta imagen sugiere que los funcionarios estarían "cagados del susto explicándole a Fico cómo es que era eso", lo que indicaría preocupación ante las implicaciones legales de estas revelaciones.
La urgencia de esta reunión sugiere que hay plena conciencia de la gravedad de la situación, especialmente considerando que estos mismos funcionarios podrían enfrentar responsabilidades legales por haber firmado un decreto que aparentemente buscaba regularizar retroactivamente un contrato que ya se había ejecutado sin el marco normativo adecuado.
Las posibles implicaciones legales
Estas irregularidades podrían configurar varios delitos en el contexto legal colombiano:
- Prevaricato por acción: Tipificado en el artículo 413 del Código Penal Colombiano, sanciona al servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. La pena puede ser de 48 a 144 meses de prisión, multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Celebración indebida de contratos: El artículo 410 del Código Penal castiga al servidor público que tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales. Este delito puede acarrear pena de prisión de 64 a 216 meses.
- Interés indebido en la celebración de contratos: Establecido en el artículo 409 del Código Penal, sanciona al servidor que se interese en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón de su cargo. Las penas van de 64 a 216 meses de prisión.
- Peculado por apropiación a favor de terceros: Si se determina que la valorización irregular del predio benefició económicamente a particulares a costa del erario público, podría configurarse este delito, con penas que pueden llegar hasta los 18 años de prisión.
Además, según el artículo 34 de la Constitución Política de Colombia, los delitos de corrupción pueden acarrear la extinción del derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito y en perjuicio del tesoro público.
El caso se complica para Federico Gutiérrez
Esta nueva información no solo contradice frontalmente las acusaciones de Gutiérrez contra Quintero, sino que sugiere que el actual alcalde podría estar intentando desviar la atención de sus propias acciones cuestionables durante su primer mandato.
Daniel Quintero agradeció públicamente a los funcionarios de la Alcaldía que le están proporcionando información: "Quiero dar las gracias a los funcionarios de la Alcaldía que me están pasando información no sólo para defendernos de Fico sino para mandarlo a la Cárcel", escribió en la red social X, etiquetando a la Fiscalía General de la Nación.
En otro mensaje, Quintero afirmó: "La Fiscalía Medellín ya no puede proteger a Fico", sugiriendo que las evidencias son tan contundentes que ni siquiera la cercanía entre la Fiscalía local y la actual administración municipal podría evitar consecuencias legales.
El conflicto de interés se profundiza
La revelación de estos documentos adquiere mayor gravedad considerando lo que ya se había denunciado anteriormente: la exdirectora de Fiscalías de Medellín, Yiri Milena Amado Sánchez, quien lideró la investigación contra Quintero, ahora trabaja como directora de despacho de Federico Gutiérrez.
Este hecho, a la luz de las nuevas evidencias, no solo plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso judicial contra Quintero, sino que sugiere un posible uso indebido de las instituciones judiciales con fines políticos.
La contratación de la funcionaria que investigó a Quintero como mano derecha de su acusador, justo cuando salen a la luz documentos que contradicen las acusaciones, configura un escenario que difícilmente puede explicarse como mera coincidencia.
La ironía de la situación: el acusador podría convertirse en acusado
La situación representa una ironía notable en la política de Medellín. Federico Gutiérrez, quien ha basado gran parte de su capital político en acusar a su predecesor de actos de corrupción, ahora enfrenta evidencia que sugiere que fue él mismo quien estableció las condiciones que ahora denuncia como irregulares, posiblemente incurriendo en acciones aún más graves al firmar contratos sin el marco legal requerido.
Este giro en los acontecimientos pone de manifiesto los riesgos de utilizar la justicia como arma política. Al lanzar acusaciones sin una verificación exhaustiva de los hechos, Gutiérrez ha abierto la puerta a una revisión profunda de su propia gestión, revelando aparentes irregularidades que podrían tener consecuencias legales significativas.
¿Qué sigue en este caso?
Con estas nuevas evidencias, el caso del predio Aguas Vivas da un giro de 180 grados. Lo que comenzó como una acusación de Federico Gutiérrez contra Daniel Quintero podría terminar convirtiéndose en un boomerang judicial que afecte al actual alcalde.
La ciudadanía de Medellín espera ahora que las autoridades judiciales competentes, preferiblemente no vinculadas a la administración local para garantizar imparcialidad, investiguen a fondo estos nuevos elementos y determinen responsabilidades.
La petición de Quintero de trasladar el caso a la Fiscalía en Bogotá cobra mayor sentido ante las evidencias de posibles conflictos de interés en la Fiscalía local, particularmente considerando la estrecha relación entre la actual administración municipal y quien fuera directora de Fiscalías de Medellín.
Un llamado a la transparencia
Este caso pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública y el peligro de instrumentalizar la justicia con fines políticos. Si bien la lucha contra la corrupción debe ser implacable, es fundamental que esta se base en hechos verificables y no en acusaciones motivadas por intereses particulares.
La ciudadanía de Medellín merece conocer la verdad sobre este caso, independientemente de quién resulte responsable. Solo así se podrá recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que estas sirvan al interés público, no a agendas políticas personales.
Mientras tanto, este caso continúa exponiendo las complejas dinámicas políticas de Medellín, donde las acusaciones de corrupción parecen ser utilizadas como armas en una batalla por el poder que trasciende el interés público y la transparencia que los ciudadanos merecen.
