Colombia atraviesa lo que se describe como la peor crisis humanitaria de los últimos ocho años, informó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este organismo resaltó un aumento dramático en la violencia y en las violaciones al derecho internacional humanitario (DIH), atribuido a la persistencia de ocho conflictos armados no internacionales en el territorio, pese al acuerdo de paz con las FARC en 2016.

Entre los datos más alarmantes, el CICR documentó 719 víctimas de artefactos explosivos durante 2024, cifra que representa un incremento del 89% respecto a las 380 víctimas registradas en 2023. Comparado con 2017, cuando las víctimas ascendieron a 57, el deterioro es evidente. El uso de minas antipersonal, restos explosivos de guerra y otros artefactos, además de causar lesiones mortales y amputaciones, ha provocado el desplazamiento masivo de comunidades y obligado al confinamiento forzoso en algunas zonas del país.

La región del Pacífico es la más afectada por este tipo de explosivos. Entre los departamentos más impactados destacan Cauca, con 183 personas afectadas (25.4% del total); Valle del Cauca, con 170 (23.6%); y Nariño, con 115 (16%). Otros departamentos como Antioquia y Bolívar también reportaron cifras significativas de 91 y 53 víctimas, respectivamente.

Por otro lado, el problema del desplazamiento forzado sigue siendo una catástrofe humanitaria en Colombia. Durante 2024, se registraron 41,228 desplazamientos en eventos colectivos y 117,697 casos de desarraigo individual. En este contexto, más de 50,000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en la región del Catatumbo a inicios del 2025. Además, se registraron 252 casos de desaparición forzada, reflejando el impacto directo de los conflictos armados sobre la población civil.

Las cifras de violaciones al DIH también enfatizan la gravedad de la situación. En 2024, se documentaron 382 incidentes presuntamente relacionados con infracciones a estas leyes internacionales, de las cuales el 44% afectaron a personas protegidas fuera de los combates, profundizando las tragedias humanitarias.

Patrick Hamilton, delegado del CICR en Colombia, destacó la urgencia de que todos los actores armados adopten medidas inmediatas para proteger a los civiles: "Proteger a la población civil no es un gesto de buena voluntad, es una obligación urgente", afirmó.

A pesar de los compromisos anteriores con la paz, como el desarme de las FARC, organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), facciones disidentes de las FARC y otros grupos armados siguen operando en el país. Esto complica la implementación de políticas de seguridad y dificulta la asistencia humanitaria en las regiones más afectadas.

La persistencia de estos conflictos y la falta de respeto por el DIH han dejado a miles de colombianos atrapados en una crisis que afecta sus derechos básicos y su seguridad. El CICR y otras organizaciones siguen trabajando para mitigar las consecuencias, aunque la estabilidad aún parece lejana frente a los desafíos actuales.

En 2017, el número de víctimas de artefactos explosivos en Colombia sumó 57 personas. Siete años después, esta cifra se multiplicó más de 12 veces, alcanzando 719 casos en 2024, un reflejo de la escalada ininterrumpida de violencia en el país.