Kelly Johana Suárez Moya, quien fuera coronada como Reina de la Independencia de Cartagena, fue condenada hoy 2 de septiembre de 2024 por el delito de proxenetismo agravado. La sentencia culmina un juicio de casi diez años en el que se investigaron sus presuntas actividades delictivas relacionadas con la explotación sexual de menores de 14 años.
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La detención de Suárez se produjo en octubre de 2014, cuando las autoridades colombianas y estadounidenses llevaron a cabo una operación en la Isla de Barú. Durante una fiesta en la que se encontraban 54 menores explotados sexualmente, 60 personas fueron rescatadas, incluyendo 25 menores de edad. Suárez fue una de las arrestadas en el operativo.
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La Fiscalía argumentó que Suárez, beneficiándose de su fama, creó una falsa agencia de modelaje llamada Stage Models Caribe. A través de esta agencia, atrajo a jóvenes vulnerables prometiéndoles éxito en el mundo del modelaje. Samuel David Olave Martínez, identificado como cómplice de Suárez, también fue arrestado.
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A lo largo del juicio, Suárez insistió en su inocencia, alegando que había sido engañada y que estaba siendo confundida con otra persona. Sin embargo, el tribunal presentó pruebas que demostraban su participación directa en la red delictiva, lo que llevó al veredicto de culpabilidad.
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El caso obtuvo notoriedad mediática tras el estreno de la película "Sound of Freedom", que aborda la explotación sexual infantil en Cartagena. El personaje de Katy Giselle, conocido como "Miss Cartagena", está basado en la figura de Kelly Johana Suárez Moya.
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Aunque la condena fue anunciada, la exactitud de la pena se conocerá el 5 de septiembre de 2024. Suárez todavía tiene la opción de apelar la decisión del tribunal. Este caso se produce en un contexto de creciente preocupación por la explotación sexual infantil en Colombia, un problema que ha sido puesto en foco por los medios y representaciones cinematográficas.
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El impacto del caso ha sido profundo en la opinión pública, resaltando no solo la vulnerabilidad de los menores en comunidades desfavorecidas, sino también el uso de entidades fachada, como agencias de modelaje, para perpetrar delitos de explotación. Suárez ha mantenido su postura de inocencia y ha declarado ser víctima de un error de identidad, a pesar de la solidez de las evidencias presentadas en su contra.
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Este proceso judicial ha subrayado la gravedad de la explotación sexual infantil y la sofisticación con la que operan ciertas redes criminales para atraer a sus víctimas, haciendo necesario un mayor esfuerzo tanto en prevención como en persecución de este tipo de delitos.