La jueza federal Amy Berman Jackson decidió revocar el despido de Hampton Dellinger, director de la Oficina de Consejos Especiales (OSC), quien investiga casos de corrupción y protege a denunciantes dentro del gobierno federal. Esta decisión judicial surge tras una orden de despido emitida por la Casa Blanca, cuya legalidad es objeto de análisis. En consecuencia, Dellinger fue reinstalado en su cargo, al menos hasta la audiencia judicial programada para el próximo 26 de febrero.
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Hampton Dellinger fue cesado a través de un breve correo electrónico que no especificaba motivo alguno. Sin embargo, según la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978, un consejero especial solo puede ser despedido por el presidente bajo causales específicas, como ineficiencia, negligencia o conducta inapropiada en el desempeño de sus funciones. La administración de Trump no disputó que su destitución carecía de causa, pero argumentó que la ley que regula estos despidos es inconstitucional. Ante ello, la jueza Jackson destacó la intención del Congreso de preservar la independencia de funcionarios claves como el director de la OSC.

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El caso, que representa una instancia clave en la batalla legal sobre la autonomía de organismos independientes, se inscribe en un contexto de despidos masivos en la actual administración de Trump. Ocho inspectores generales que fueron despedidos sin recibir el aviso previo de 30 días, establecido por ley, han presentado demandas solicitando que sus despidos sean nulificados. Así también, otros altos funcionarios, como David Huitema, director de la Oficina de Ética del Gobierno, y Gwynne Wilcox, del Consejo Nacional de Relaciones Laborales, enfrentaron situaciones similares tras haber sido designados por la administración Biden.

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La OSC juega un papel crucial en el sistema de méritos entre funcionarios civiles y asegura el cumplimiento de la Ley Hatch, que regula actividades políticas de empleados gubernamentales. Desde la llegada de Trump, han surgido críticas a la intención de reemplazar a funcionarios civiles imparciales con personas leales al presidente, lo cual ha generado inquietud en expertos y observadores. La gestión de Dellinger, quien fue confirmado por un periodo de cinco años en marzo de 2024, también está en el centro de esta disputa.
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Las implicaciones de este caso tienen antecedentes legales importantes. La capacidad del presidente para remover a funcionarios de agencias independientes ha sido históricamente respaldada por un fallo de la Corte Suprema de 1935, conocido como el caso Humphrey's Executor. Sin embargo, algunos aliados de Trump han solicitado revertir ese precedente, lo que sería un cambio significativo en la jurisprudencia sobre separación de poderes.
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La OSC, liderada por Dellinger antes de su controvertido despido, ha realizado avances en áreas esenciales, según argumentó el propio funcionario. Por el momento, su reintegración simboliza una victoria temporal para quienes buscan mantener un contrapeso institucional ante posibles excesos del poder ejecutivo.