El recorte de fondos de 60 millones de dólares anunciado por el gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump en enero de 2025 ha generado una crisis en Colombia, afectando a organizaciones no gubernamentales dedicadas al apoyo de comunidades afrocolombianas e indígenas. El programa Juntanza Étnica, operado por USAID, se creó en diciembre de 2021 con un presupuesto inicial equivalente a 245.000 millones de pesos colombianos. Durante tres años, este esfuerzo logró beneficiar a 29.000 personas a través de nueve organizaciones, financiando más de un centenar de pequeñas empresas y asociaciones locales con proyectos enfocados en la productividad, la paz y la preservación de la cultura.

La suspensión de este importante programa ha provocado el cierre de entidades como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), que tuvo que despedir a todo su equipo y cesar operaciones en Bogotá. Fundada hace 25 años, Afrodes era un pilar en el apoyo a familias desplazadas por el conflicto armado y la violencia. Mariano Córdoba, líder de la organización, calificó la decisión como un golpe fatal.

Otro ejemplo del impacto directo de estos recortes se refleja en el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), que quedó desprovisto de un apoyo económico prometido por USAID de 700 millones de pesos colombianos (aproximadamente 170.000 dólares). Este financiamiento estaba destinado a programas cruciales relacionados con la paz y la reconciliación.

El programa Juntanza Étnica, operado a través de la ONG contratista Acdi Voca, también fue afectado por una notificación enviada por USAID en la que se instruía la rescisión total del contrato y la detención inmediata de las actividades, lo que selló el destino de los proyectos en curso.

Colombia, reconocido como el principal receptor de fondos estadounidenses en América Latina, siente ahora las consecuencias de estas medidas, que no solo interrumpen el desarrollo de las comunidades más vulnerables, sino que además erosionan los avances logrados en los últimos tres años. Según los datos, USAID había proyectado un presupuesto de más de 400 millones de dólares (1,6 billones de pesos colombianos) para proyectos en este país en 2025, marcando una clara contradicción entre las promesas y las acciones.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha intentado mitigar las repercusiones prometiendo subsidiar algunas de las organizaciones afectadas. Sin embargo, su administración reconoce que los recursos internos son insuficientes para compensar las pérdidas. La Unión Europea, que también apoya a algunas de estas entidades, afirmó que no puede absorber los costos derivados de la falta de apoyo estadounidense.

Los líderes afrocolombianos han acusado a la administración Trump de actuar de manera irresponsable al frenar las ayudas sin previo aviso, subrayando el daño irreparable que esta decisión supone para las comunidades. "Estas comunidades representan los sectores más rezagados de la sociedad y dependían fuertemente de este tipo de apoyo", comentaron diversos representantes sociales, subrayando no solo los impactos económicos, sino también los sociales y culturales que estos recortes implican.

Colombia ha sido históricamente el mayor receptor de fondos de USAID en América Latina, con aumentos significativos en el presupuesto tras el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016.