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El gasto en seguridad para los congresistas de Colombia se ha convertido en tema de debate nacional, tras revelarse que en los últimos tres años se han gastado cerca de 400.000 millones de pesos en este rubro. El presupuesto ha sido destinado principalmente al arrendamiento de más de 500 camionetas blindadas, en su mayoría Toyota TXL, consideradas como un símbolo de protección por parte de los servidores públicos.
Estas camionetas, utilizadas diariamente en diversas actividades oficiales y personales, son vistas comúnmente en las calles de Bogotá. En muchos casos, los vehículos tienen prioridad en el tráfico, cruzan semáforos en rojo y circulan por los carriles exclusivos del transporte público, lo que ha generado críticas en la ciudadanía.
El costo de un esquema de protección para un congresista, que incluye un vehículo blindado y dos escoltas, asciende en promedio a 20 millones de pesos por mes. Además, se estima que tan solo en el primer semestre de 2025, el gasto en esquemas de seguridad para funcionarios podría superar los 30.000 millones de pesos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de gestionar estos recursos y brindar protección a oficiales y líderes cuya seguridad pueda estar comprometida. Actualmente, la UNP protege a más de 12.000 personas e involucra a más de 11.000 escoltas en sus operaciones. Desde 2016, el presupuesto destinado a esta entidad ha crecido en un 400%, un aumento que refleja la creciente percepción de riesgo hacia diferentes sectores del país.
Este significativo gasto cobra relevancia en un contexto de austeridad económica para el gobierno colombiano, lo que ha suscitado cuestionamientos respecto a la relación costo-beneficio de tales medidas de seguridad. Los detractores recalcan que podrían implementarse alternativas más austeras sin comprometer la protección de los funcionarios públicos.
El debate se ha centrado también en la gestión de recursos públicos en un país que enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales. Las discusiones sobre la eficiencia y posible reducción de este gasto continúan, mientras que la UNP enfatiza la importancia de garantizar la integridad de personas que desempeñan funciones críticas en el entorno político y social del país.
El gasto en seguridad para los congresistas de Colombia se ha convertido en tema de debate nacional, tras revelarse que en los últimos tres años se han gastado cerca de 400.000 millones de pesos en este rubro. El presupuesto ha sido destinado principalmente al arrendamiento de más de 500 camionetas blindadas, en su mayoría Toyota TXL, consideradas como un símbolo de protección por parte de los servidores públicos.
Estas camionetas, utilizadas diariamente en diversas actividades oficiales y personales, son vistas comúnmente en las calles de Bogotá. En muchos casos, los vehículos tienen prioridad en el tráfico, cruzan semáforos en rojo y circulan por los carriles exclusivos del transporte público, lo que ha generado críticas en la ciudadanía.
El costo de un esquema de protección para un congresista, que incluye un vehículo blindado y dos escoltas, asciende en promedio a 20 millones de pesos por mes. Además, se estima que tan solo en el primer semestre de 2025, el gasto en esquemas de seguridad para funcionarios podría superar los 30.000 millones de pesos.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad encargada de gestionar estos recursos y brindar protección a oficiales y líderes cuya seguridad pueda estar comprometida. Actualmente, la UNP protege a más de 12.000 personas e involucra a más de 11.000 escoltas en sus operaciones. Desde 2016, el presupuesto destinado a esta entidad ha crecido en un 400%, un aumento que refleja la creciente percepción de riesgo hacia diferentes sectores del país.
Este significativo gasto cobra relevancia en un contexto de austeridad económica para el gobierno colombiano, lo que ha suscitado cuestionamientos respecto a la relación costo-beneficio de tales medidas de seguridad. Los detractores recalcan que podrían implementarse alternativas más austeras sin comprometer la protección de los funcionarios públicos.
El debate se ha centrado también en la gestión de recursos públicos en un país que enfrenta múltiples desafíos económicos y sociales. Las discusiones sobre la eficiencia y posible reducción de este gasto continúan, mientras que la UNP enfatiza la importancia de garantizar la integridad de personas que desempeñan funciones críticas en el entorno político y social del país.
