El martes, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue acusado formalmente de haber supervisado un intento para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022. Entre las alegaciones más alarmantes se incluye la supuesta planificación para anular los resultados electorales, disolver tribunales, otorgar un poder excesivo a los militares e incluso llevar a cabo asesinatos políticos, según un informe detallado del fiscal general Paulo Gonet Branco que consta de 272 páginas.
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Bolsonaro, junto con 33 asociados, entre ellos un exjefe de inteligencia, un ministro de Defensa y un asesor de seguridad nacional, ha sido imputado por diversos delitos en contra del régimen democrático de Brasil. La acusación presentada por el fiscal general adopta gran parte de las recomendaciones de la policía federal brasileña realizadas en noviembre pasado. El caso ha sido remitido a la Corte Suprema, que decidirá próximamente si el expresidente será arrestado y sometido a juicio.
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Entre las acciones descritas en el informe, se señala que, tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro y su grupo de colaboradores intentaron socavar la confianza pública en la legitimidad de las elecciones y luego buscaron invalidar los resultados. Adicionalmente, los fiscales alegan que discutieron y comenzaron a implementar un plan para declarar un "estado de sitio", con el objetivo de arrestar a jueces de la Corte Suprema, aumentar el poder militar y convocar a nuevas elecciones bajo su supervisión. Investigaciones revelaron incluso la existencia de un borrador escrito del discurso que Bolsonaro habría pronunciado en caso de ejecutar el plan.
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De manera más controvertida, según los fiscales, también se habría planeado un complot para envenenar al presidente electo, Lula da Silva, antes de su toma de posesión el 1 de enero de 2023. Otro objetivo era Alexandre de Moraes, el juez de la Corte Suprema que ha liderado investigaciones sobre Bolsonaro y que, además, será quien supervise este juicio.
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En mensajes de WhatsApp presentados como evidencia, Mário Fernandes, identificado como organizador del supuesto complot, afirmó haber recibido luz verde de Bolsonaro para llevar a cabo los asesinatos antes del 31 de diciembre de 2022. Fernandes, sin embargo, ha negado las acusaciones. En una entrevista reciente, Bolsonaro aseguró no tener conocimiento del plan y lo calificó como una "fantasía" de Fernandes. No obstante, reconoció que en algún momento consideró, aunque brevemente, la posibilidad de usar un "estado de sitio" para impedir que Lula asumiera el cargo, pero descartó la idea al percatarse de que requería aprobación legislativa.
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De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 69 años, podría enfrentar una pena de entre 12 y 40 años de prisión, aunque analistas políticos pronostican que la condena sería menor. El expresidente ya ha sido inhabilitado políticamente por el tribunal electoral de Brasil, que le prohibió participar en las elecciones presidenciales de 2026. Además, enfrenta otros dos casos penales que están siendo considerados por el fiscal general.
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Tras conocerse las acusaciones, Bolsonaro negó las imputaciones y las calificó como una persecución política comparable a la que su aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump, ha enfrentado: "Esta es la misma estrategia fallida que se utilizó contra el presidente Trump", declaró Bolsonaro. El día siguiente, un grupo de medios estadounidenses vinculado a Trump presentó una demanda contra Alexandre de Moraes, juez encargado del caso, acusándolo de censurar opiniones conservadoras en redes sociales, hecho que algunos analistas consideran una estrategia de presión en medio de esta decisión crucial.

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El proceso judicial contra Bolsonaro marcará un momento histórico para Brasil, donde se espera que el juicio en la Corte Suprema sea televisado. En los últimos ocho años, dos expresidentes brasileños han sido encarcelados por corrupción, y ahora Bolsonaro podría enfrentar un destino similar, lo que contrasta con el caso de Donald Trump en Estados Unidos, donde logró regresar al poder sin enfrentar cargos de este tipo.
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El actual sistema judicial brasileño ha mostrado un enfoque contundente al tratar con movimientos que, según el tribunal, representan amenazas a la democracia. De los 11 magistrados de la Corte Suprema que decidirán el destino del expresidente, la mayoría ha sido firme en defender las instituciones democráticas en medio de la polarización política y social en el país.

Las tensiones políticas en Brasil se agravan por estos procesos, dejando en evidencia la división en el espectro político brasileño y las consecuencias de las elecciones de 2022. Bolsonaro, quien ha sido un defensor de la antigua dictadura militar brasileña (1964-1985), enfrenta esta nueva batalla política en lo que probablemente sea el momento más vulnerable de su carrera.

El caso también guarda similitudes y contrastes con el escenario político estadounidense, donde Trump no ha enfrentado consecuencias legales equiparables pese a haber sido acusado de intentos de anular resultados electorales. Mientras tanto, Bolsonaro se enfrenta a un sistema judicial que no ha dudado en actuar ante las acciones de sus aliados políticos y el expresidente mismo, marcando una respuesta sin precedentes en la historia democrática reciente de Brasil.