Dos importantes grupos de la industria química en Estados Unidos, el Consejo Estadounidense de Química y los Fabricantes Estadounidenses de Combustibles y Petroquímicos, han solicitado al presidente Donald Trump que otorgue una exención temporal para liberar a más de 200 instalaciones químicas de los límites relacionados con la contaminación atmosférica aprobados durante la administración Biden. Estas regulaciones se implementaron con el objetivo de reducir emisiones peligrosas como el óxido de etileno, un compuesto cancerígeno empleado en anticongelantes, plásticos y la esterilización de equipo médico.

La solicitud se presentó mediante una carta fechada el 31 de marzo y dirigida a Lee Zeldin, administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). En la misiva, los grupos industriales argumentaron que los nuevos estándares imponen costos "significativamente elevados" a las empresas. Según indicaron, la adaptación a los requisitos de monitoreo y control de emisiones podría superar los 50 mil millones de dólares, una cifra que contrasta con la estimación de 1.8 mil millones presentada por la propia EPA.

Estas regulaciones, aprobadas en la administración Biden, buscan abordar los efectos acumulativos de la contaminación en comunidades cercanas a las plantas químicas, donde suelen residir personas de bajos ingresos, predominantemente negras o latinas, con problemas de salud como asma, cáncer y otras condiciones. La norma exige un monitoreo perimetral similar al que ya se aplica a refinerías, además de controles estrictos en chimeneas y respiraderos para frenar emisiones peligrosas.

Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca bajo la administración Trump, enfatizó que cualquier decisión futura estaría alineada con "proteger nuestros intereses de seguridad nacional y garantizar la gestión ambiental". La EPA también citó una sección de la Ley de Aire Limpio que permite que los presidentes otorguen exenciones temporales bajo ciertas condiciones.

Los grupos industriales argumentan que la normativa pone en peligro operaciones cruciales, como la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y la producción de equipo médico. Chet Thompson, director ejecutivo de la Asociación de Fabricantes de Combustibles y Petroquímicos, calificó las regulaciones como "ilegales, irrazonables y tecnológicamente inalcanzables", mientras que los defensores ambientales acusaron a la administración Trump de abrir una "puerta trasera" para que se evadan controles a la contaminación.

Por otro lado, la EPA, bajo la administración Trump, ya ha retrocedido en múltiples medidas regulatorias. Entre ellas destaca la eliminación de una demanda federal contra una planta acusada de liberar altos niveles de cloropreno en Luisiana, y la reducción del presupuesto general de la agencia en un 65 %. Además, se planeó recortar empleos y la división científica de la EPA, lo que fortalecería aún más las actividades industriales sin las restricciones previas.

El óxido de etileno, cuya regulación está en el centro del debate, no solo se usa en productos industriales, sino que también resulta crucial para esterilizar casi el 50 % de los suministros médicos en los Estados Unidos.