The Metals Company (TMC), fundada en 2011 en Canadá, se destaca como pionera en la minería de aguas profundas con la intención de explotar nódulos polimetálicos en la Zona Clarion-Clipperton, en el Océano Pacífico. Dichos nódulos, frecuentemente comparados en tamaño con papas, contienen minerales clave como níquel, cobre, cobalto y manganeso, fundamentales en la producción de baterías para sectores como el de vehículos eléctricos.

El método de extracción propuesto por la empresa consiste en el uso de buques especializados que desplegarán vehículos para recolectar los nódulos del fondo oceánico, ubicados a profundidades que oscilan entre 2.5 (4 km) y 3.75 millas (6 km). Mediante un sistema de tubos y aire comprimido, los minerales serían transportados a la superficie y luego procesados en instalaciones diseñadas para separar los componentes necesarios.

A pesar de la perspectiva innovadora que plantea esta actividad, TMC ha enfrentado una serie de controversias. Mientras la propia empresa reconoce que sus operaciones tendrán un impacto ambiental significativo en los ecosistemas oceánicos, afirma que estos serán menores en comparación con los daños derivados de la minería terrestre tradicional. No obstante, grupos ambientalistas y científicos han manifestado su preocupación sobre posibles daños irreversibles a los hábitats marinos y han solicitado una moratoria de la minería en aguas profundas hasta que se comprendan mejor sus consecuencias a largo plazo.

Un desafío adicional radica en la falta de regulaciones claras por parte de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), organismo responsable de supervisar estas actividades en alta mar. Asimismo, a pesar de ser una de las principales economías del mundo, Estados Unidos no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que limita su capacidad de participar en las decisiones y procesos de licitación dentro de la ISA.

The Metals Company también ha entablado conversaciones directas con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos. Entre sus objetivos, destaca su interés por mejorar la seguridad en la cadena de suministro de minerales críticos para América, mediante la obtención de permisos y licencias de extracción solicitados al Departamento de Comercio estadounidense.

El respaldo político a estas iniciativas podría verse beneficiado por políticas como las de la administración Trump, que mostraron interés en reducir las regulaciones ambientales. Esto, de concretarse, podría implicar un cambio en la dinámica del suministro global de minerales destinados a la tecnología y la energía limpia.

A medida que la minería de aguas profundas se posiciona como una alternativa a la extracción terrestre, el debate en torno a su viabilidad ambiental, ética y regulatoria continúa siendo uno de los principales focos de discusión.