El despido abrupto del general Timothy D. Haugh, hasta hace poco líder de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y del Comando Cibernético de EE. UU., se suma a una serie de decisiones que han minado las capacidades cibernéticas de Estados Unidos. Haugh, quien jugó un rol clave en el "Pequeño Grupo Ruso", una operación crucial para combatir la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2018, fue destituido el pasado jueves. Según informes, la medida viene influenciada por presiones de Laura Loomer, una figura de extrema derecha y aliada del presidente Donald Trump.

La salida de Haugh coincide con una oleada de ajustes en ciberseguridad durante la administración Trump, incluyendo la reducción de las operaciones relacionadas con el monitoreo de desinformación e interferencia extranjera. Elementos críticos del sistema de alerta temprana para ciberataques fueron degradados, afectando las redes eléctricas, oleoductos y telecomunicaciones del país. Además, se cancelaron contratos con contratistas esenciales que trabajaban en colaboración con los gobiernos estatales y locales para mejorar la ciberseguridad del software de votación.

Uno de los puntos críticos en el panorama actual es el recorte de más de 10 millones de dólares en fondos destinados a programas claves de la Agencia de Seguridad Cibernética e Infraestructura (CISA) a principios de marzo. Estos programas ayudaban tanto a la seguridad electoral como a la protección de infraestructuras claves. Las cancelaciones han afectado herramientas imprescindibles usadas por gobiernos locales para mantener a raya los crecientes ataques de ransomware y ciberespionaje patrocinados por estados como China y Rusia. Por ejemplo, en Arizona, el sistema alertó a las autoridades locales sobre 15 amenazas de bomba falsas el día de las elecciones, permitiendo que el proceso transcurriera sin contratiempos.

En un contexto más amplio, los recortes también alcanzaron a la Junta de Revisión de Seguridad Cibernética, organismo inspirado en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, creado inicialmente para analizar grandes incidentes de ciberseguridad. Dicha junta, de reciente formación durante la administración Biden, fue desmantelada por Trump mientras investigaba el ciberataque Salt Typhoon, orquestado por China. Este ataque penetró profundamente en los sistemas estadounidenses, incluyendo la interceptación de conversaciones telefónicas de Trump durante su campaña presidencial de 2020.

A pesar de las preocupaciones expresadas por expertos en ciberseguridad, la administración Trump, a través del asesor de seguridad nacional Michael Waltz, impulsa un cambio de estrategia hacia ofensivas cibernéticas. Según Waltz, esta orientación busca disuadir ataques al demostrar que Estados Unidos puede ejecutar acciones similares contra sus adversarios. Sin embargo, las vulnerabilidades críticas en sectores como las redes eléctricas no aseguran que tales estrategias sean efectivas, según analistas.

En paralelo, ciberdefensores han advertido sobre un impacto considerable en elecciones futuras debido a la reducción de recursos y equipos especializados en proteger los sistemas de votación ante posibles intrusiones. En estados como Pensilvania y Colorado, la colaboración entre CISA y autoridades locales permitió contrarrestar tanto intentos de infiltración digital como amenazas físicas en oficinas electorales. Sin embargo, con la cancelación de estos programas, se pierde una herramienta clave para garantizar la integridad del proceso electoral.

Las restricciones en fuentes de financiamiento externo también complican la situación. Al menos 28 estados tienen leyes que prohíben aceptar donaciones privadas para respaldar la infraestructura electoral, lo que agrava los desafíos presupuestarios locales tras los recortes federales. A medida que el calendario electoral avanza, los funcionarios, tanto demócratas como republicanos, señalan la urgencia de restablecer estas redes de protección para evitar riesgos adicionales.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), que ahora enfrenta polémicas estructurales y cambios en su liderazgo, cuenta con 32,000 empleados, lo que la hace casi un 50% más grande que la Agencia Central de Inteligencia (CIA).