El proceso que llevó a la destitución de Yoon Suk Yeol ha dejado en evidencia tanto las vulnerabilidades como la fortaleza de la democracia surcoreana. Desde su investidura en mayo de 2022, las acciones del presidente comenzaron a generar tensiones y cuestionamientos. Trasladó la oficina presidencial de la Casa Azul a un complejo militar, implementó recortes presupuestarios y respondió con medidas autoritarias a las críticas en su contra, incluyendo la represión de manifestantes y allanamientos a periodistas.

El punto crítico surgió el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon declaró la ley marcial y desplegó tropas armadas para tomar la Asamblea Nacional, una acción que despertó la resistencia inmediata de la ciudadanía y los legisladores. Esa noche, mientras las tropas se encontraban en camino, ciudadanos bloqueaban físicamente su paso con las manos desnudas, otorgando tiempo suficiente para que los legisladores, incluidos miembros del partido del presidente, se reunieran y votaran en su contra.

La Asamblea Nacional aprobó su destitución el 14 de diciembre, y el 4 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional, compuesto por ocho jueces, confirmó unánimemente el impeachment, poniendo fin al mandato de Yoon Suk Yeol. Esta es la primera ocasión en la que Corea del Sur enfrenta un intento de consolidación autoritaria mediante una rebelión militar en su etapa democrática moderna; sin embargo, el proceso también destacó la importancia de los avances institucionales logrados desde la reforma constitucional de 1987.

El episodio evidenció cómo las generaciones más jóvenes, formadas con las lecciones de una historia de represión autoritaria, tomaron parte activa en la resistencia. Los soldados enviados por Yoon, muchos de los cuales crecieron familiarizados con los valores democráticos gracias a la educación, incluso dudaron en cumplir órdenes ante ciudadanos furiosos.

Ya en los últimos meses de protestas masivas, gran parte de la sociedad expresó su orgullo por la democracia lograda, considerando esta lucha aún más trascendental que sus exportaciones culturales, como los populares K-dramas o la banda BTS, según mencionaron varios manifestantes.

A pesar de su destitución, el caso de Yoon ha dejado un panorama político polarizado, con divisiones significativas entre la izquierda y la derecha que probablemente se intensifiquen en los próximos dos meses previos a las elecciones presidenciales. Sin embargo, observadores internacionales destacan la decisión unánime de la Corte Constitucional como un acto que trasciende las linealidades ideológicas y que subraya la solidez de las instituciones democráticas del país. Algunos expertos, como Alexis Dudden, historiador de la Universidad de Connecticut, señalaron que Yoon y su gabinete malinterpretaron las profundas transformaciones de la sociedad surcoreana en décadas recientes.

Yoon, quien inició su trayectoria como fiscal aclamado al encarcelar a dos expresidentes por corrupción, experimentó una caída vertiginosa en su popularidad. Sus desencuentros con la oposición en la Asamblea Nacional y su inclinación por decisiones polémicas, como la mejora de relaciones con Japón y las reformas en el sector salud, erosionaron su respaldo, incluso entre sus simpatizantes. Finalmente, su declaración de ley marcial subrayó el creciente autoritarismo de su gestión y selló su destino político.

El retorno de la dictadura militar, temido por muchos surcoreanos, fue frustrado gracias a la participación activa de la ciudadanía, las instituciones democráticas y las lecciones aprendidas de un pasado plagado de luchas por la libertad. El periodista Cho Gab-je describió esta situación como un recordatorio de la fragilidad democrática: "Tuvimos nuestra cuota de ley marcial, pero Yoon Suk Yeol fue el primer presidente en enviar tropas armadas al Parlamento".

Este episodio marca la tercera destitución presidencial en Corea del Sur bajo su sistema democrático moderno, destacando nuevamente el papel activo de los ciudadanos en el curso político del país.