El clima político en Colombia se ha visto intensamente polarizado luego de que el presidente Gustavo Petro convocara a movilizaciones populares en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación en su contra. La investigación, que surge por un presunto exceso de gasto en la campaña electoral de 2022, ha sido calificada por Petro como un intento de golpe de Estado.
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Gustavo Petro ha hecho comparaciones con líderes latinoamericanos que enfrentaron procesos similares, como Dilma Rousseff en Brasil y Rafael Correa en Ecuador, y enfatizó que está decidido a luchar en defensa de la democracia. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”, expresó el presidente en su reciente discurso.
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Por su parte, el abogado Iván Cancino ha criticado la medida del CNE, afirmando que carece de fundamento jurídico y subrayando que el presidente cuenta con fuero, lo que implicaría que cualquier investigación debería ser manejada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Esta visión contrasta con la del analista Ricardo Ávila, quien ha justificado la apertura de la investigación del CNE argumentando que el propio hijo de Petro admitió que hubo irregularidades en la campaña.
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La situación se complica aún más con la solicitud de Petro para que la diplomacia colombiana explique la situación a la comunidad internacional, calificando la decisión del CNE como un ataque a la voluntad popular. Este movimiento tiene como objetivo amplificar la situación a nivel global y buscar apoyo externo.
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La investigación en curso podría extenderse por más de 18 meses. Según lo estipula el CNE, el procedimiento formal tiene un plazo de nueve meses para resolver el caso desde la finalización de la campaña electoral en junio de 2022. El tiempo necesario para resolver este proceso podría llevar a que cualquier fallo se produzca después de que Petro termine su mandato.
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La controversia continúa, mientras que los seguidores de Petro se preparan para las movilizaciones convocadas por el presidente en defensa de su gobierno y en rechazo a lo que consideran un atentado contra la democracia colombiana.