El 5 de octubre de 2024, el presidente colombiano Gustavo Petro reactivó la narrativa de la reforma agraria en un evento significativo en Montería, Córdoba. Durante esta reunión, estuvo presente Salvatore Mancuso, antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien ha sido señalado por haber cometido múltiples crímenes, entre ellos masacres y despojos de tierras. Mancuso, que ahora ha sido designado por Petro como "gestor de paz", tendría un papel crucial en la recuperación de tierras usurpadas por los paramilitares que, según el mandatario, se encuentran actualmente en manos de políticos y el grupo delictivo Clan del Golfo.
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Gustavo Petro se comprometió a entregar, antes de finalizar su mandato, un mínimo de 1.5 millones de hectáreas de tierras. Este anuncio llega después de que, en julio de 2023, Mancuso regresara a Colombia tras cumplir 16 años de prisión en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008 por tráfico de drogas. Desde su retorno, Mancuso ha manifestado su apoyo al gobierno de Petro y ha acusado al expresidente Álvaro Uribe de estar involucrado en crímenes de lesa humanidad.
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En el evento se realizó una entrega significativa de 8,040 hectáreas a campesinos, marcando la restitución más grande registrada en la historia del departamento de Córdoba. Juan Felipe Herman, director de la Agencia Nacional de Tierras, resaltó que estas tierras habían sido consideradas “activos ociosos” durante los 18 años posteriores a la desmovilización de las AUC.
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No obstante, persiste un escepticismo sobre la efectividad de la colaboración de Mancuso en el proceso de restitución. Investigaciones han señalado que muchos de los 350 a 400 bienes mencionados por Mancuso ya han sido restituidos o se encuentran bajo investigación. A esta crítica se suma la exministra de Agricultura, Cecilia López, quien ha señalado el escaso progreso alcanzado, ya que según reportes solo se han adquirido 112,000 hectáreas de las 1.5 millones prometidas por Petro.
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El presidente también acusó al exfiscal general Francisco Barbosa de haber ocultado información sobre las tierras apropiadas tras la desmovilización de las AUC. En defensa de su gestión, Barbosa afirmó haber entregado 1,600 bienes a la Unidad de Víctimas, cuyo valor ascendería a 1.8 billones de pesos (aproximadamente 427 millones de dólares).