El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha presentado una controvertida propuesta legislativa que busca implementar una pena de muerte obligatoria exclusivamente para inmigrantes indocumentados que sean hallados culpables de determinados delitos capitales, en lo que representa un endurecimiento significativo de la política migratoria del estado. Los proyectos de ley, identificados como HB 3C y SB 4-C, plantean que los tribunales no puedan ejercer discreción al imponer este máximo castigo, una medida que ha generado amplio debate político y legal. Los delitos por los que se podría aplicar esta condena incluyen asesinato en primer grado, abuso sexual de menores, tráfico de sustancias controladas y pertenencia a grupos delictivos.
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Además, la legislación estipula que la condena a muerte sea automática y sin considerar factores atenuantes o agravantes. Esto contraviene el procedimiento actual, en el que los jurados basan sus recomendaciones en circunstancias particulares de cada caso. Tal limitación ha suscitado cuestionamientos desde diversos sectores, incluyendo a la directora de Floridanos por Alternativas a la Pena de Muerte, Maria DeLiberato, quien ha señalado que estas medidas podrían violar la 6ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza un juicio justo.

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La propuesta también ha sido desafiada por precedentes legales establecidos por la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha dictaminado que condenas de muerte obligatorias son inconstitucionales. Estos argumentos han sido compartidos no solo por demócratas críticos a la ley, sino también por algunos republicanos, como la senadora Ileana García, quien se posicionó en contra de su aprobación en el Senado al unirse a los legisladores demócratas. El presupuesto destinado a la implementación de esta controvertida legislación, 298,2 millones de dólares en total, supera el producto interno bruto (PIB) de algunas pequeñas naciones insulares.
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El paquete de legislaciones no solo aborda la pena de muerte, sino que también incluye medidas complementarias que buscan penalizar la permanencia en el estado de inmigrantes indocumentados que hayan ingresado al país eludiendo la inspección migratoria. En tales casos, se propone una pena de nueve meses de prisión para los infractores en la primera ocasión y un aumento a un año y un día para reincidentes.
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Para la implementación de estas leyes, se ha proyectado un presupuesto significativo. Según la propuesta, hasta 250 millones de dólares serán asignados en forma de subvenciones a las fuerzas de seguridad locales con el objetivo de reforzar su capacidad para llevar a cabo estas nuevas disposiciones. Adicionalmente, 48,2 millones de dólares serán transferidos al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor para cumplir con labores relacionadas a la aplicación de la ley.

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Un aspecto clave de esta legislación radica en su contexto político. Florida, un estado con más de seis millones de residentes latinos, ha visto un incremento en las propuestas de leyes de control migratorio, impulsadas principalmente por la legislatura estatal controlada por el Partido Republicano. Estas iniciativas se alinea estrechamente con la agenda migratoria promovida por Donald Trump durante su administración.

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En cuanto al avance legislativo, los proyectos de ley han superado ya votaciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado estatal. La versión de la Cámara fue aprobada con 22 votos a favor frente a 8 en contra, mientras que en el Senado se registró una aprobación más ajustada, de 11 votos positivos frente a 7 negativos. Este respaldo mayoritario, aunque no unánime, refleja divisiones internas incluso dentro del propio Partido Republicano.

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La introducción de estas medidas ha avivado el debate público y jurídico respecto a la constitucionalidad y viabilidad de tales políticas, así como las posibles consecuencias sociales para la comunidad latina en Florida. Aunque estas legislaciones forman parte de un esfuerzo integral para combatir la inmigración irregular, los métodos y el enfoque de la propuesta han planteado preocupaciones significativas entre expertos y activistas.